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Que haya colegios secundarios porteños tomados no es necesariamente una novedad. Es triste, pero es así. Cualquier recopilación de sentido común identifica, en promedio, una situación de tomas relativamente generalizada por año. El estado de ciertas áreas de la educación pública no mejora y el tiempo hace estragos cada vez más. Quizá por eso es que tal vez hayas participado o sido testigo de alguna toma de colegio, si es que pasaste por una secundaria pública de la Ciudad de Buenos Aires. Nada de esto es demasiado novedoso. Y aunque no por eso deje de ser alarmante la falta de resolución, lo nuevo propiamente dicho es que una práctica persecutoria que solía partir del despacho de algún rector salido de algún claustro esotérico, se transformó en un intento de política de Estado destinada a perseguir a quienes defienden con su cuerpo la educación pública.

Hace ya unos cuantos días, Página/12 informó acerca del memorándum que el Ministerio de Educación porteño remitió a las respectivas direcciones de los colegios tomados, en el que pedía nombres y números de documento de los alumnos que participaran de la toma, para denunciarlos ante la Policía Federal. Esto es, la confección de listas negras para intimidar una acción política. “Algo cómico de esas listas es que venían con casilleros para cinco personas, nada más. Evidentemente, el macrismo creía que en el Acosta somos cinco personas, pero le demostramos que somos bastantes más. El objetivo era presionar, boicotear la toma, pero no tenemos miedo”, ratifica Juan González, miembro de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES) y alumno del colegio de Balvanera.

El martes a la tarde eran trece los colegios tomados por sus alumnos: el Mariano Acosta, el Lengüitas, el Manuel Belgrano, el Normal 1, la Escuela 2 del DE 13, el Normal 5 y el Normal 6, el Fader, el Cortázar, el Falcone, el Yrurtia, la escuela de música Pedro Esnaola y el Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Los reclamos no remiten en exclusiva a la responsabilidad de una jefatura de gobierno sino que son producto de la desidia de décadas de desatención en cuanto a mejoras edilicias, becas y viandas dignas. Es cierto, también, que los hombres de amarillo (los PRO) dijeron que todos los problemas de la Ciudad se resolverían con una gestión eficiente, pero desde que asumieron en 2007 han atacado sistemáticamente a la educación pública: docentes cesanteados, falta de gas y mampostería fofa, son algunas evidencias insuperables.

“Hay una intencionalidad política”, imputó el ministro Hernán Lombardi respecto de las medidas de fuerza. “Lo que le molesta al ministro es que ésta es una medida en contra de su política. En definitiva, defender la educación pública es un acto político. Supongo que con eso quería decir que detrás de esto hay dirigentes de la oposición. La realidad es que la CUES no decide qué escuelas tomar sino que cada escuela lo hace por sí misma en asambleas formadas íntegramente por estudiantes”, impugna Juan.

¿Acaso no es una actividad política defender la educación pública; y no sólo eso sino preservar a sus alumnos de posibles accidentes por falta de mantenimiento? ¿A quién le echaría Macri la culpa si algo más se derrumba, ahora en un colegio? Luego de una serie de manifestaciones frente al ministerio, algunos sectores pudieron dialogar con autoridades porteñas que, según los asistentes, no ofrecieron respuestas demasiado concisas. El Acosta consiguió que una comisión oficial recorriera el edificio para determinar qué puntos son críticos, y logró también que se otorgaran las viandas que demandaban.

Al cierre de esta edición, el NO pudo saber que en una asamblea, los alumnos del Acosta definirían el levantamiento de la toma sin interrumpir las movilizaciones. “Lo que tenemos claro es que con una toma no vamos a conseguir todo lo que pedimos”, apunta Juan, que explica brevemente en qué consistieron las horas de vigilia nocturna: “Armamos grupos que recorrían el edificio para controlar que nadie de afuera pudiera entrar, y sin que nadie viniera a bardear, porque no estábamos festejando nada. La forma de prevenirnos fue organizarnos, e incluso armamos un sector de recreación para ocupar a los más inquietos”.

Macri llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires enfundado en la bandera amarilla de una supuesta nueva derecha, virtuosa, dialoguista, superadora, libre de los vicios de la política tradicional. Pero ante la toma de colegios por parte de inermes estudiantes secundarios, el PRO recurrió a la delicadeza que lo caracteriza: los procedimientos de la derecha más rancia, persecutoria, estigmatizadora de la protesta social y de los sectores que participan de la educación pública. Esta iniciativa es tomada, desde el macrismo, como una acción de riesgo para su propio pellejo, porque no engorda el mercado de la educación privada, resiste como puede a la profundización de la brecha social y se niega a reproducir los mismos hijos apolíticos que hace unos años llenaron las urnas del PRO. ¿Las llenarán de nuevo? Parte del intento de las pibas y los pibes de los secundarios porteños tiene que ver no sólo con estudiar en condiciones salubres sino, también, con contenidos que inviten al debate y la reflexión, actuales e históricos. Una construcción que, de cara a nuevos deberes cívicos, no permitan otro maniqueo discurso de campaña y no degeneren, una vez más, en una ciudad sitiada. En eso, los estudiantes somos todos.