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Este año que expira será recordado por innumerables motivos que muchos músicos desatenderán: para ellos, 2011 quedará invariablemente asociado al fracaso de la Ley Nacional de la Música como propuesta normativa, luego de que el Senado ignorara su tratamiento sobre tablas y le quitara de ese modo el estado parlamentario al proyecto que había sido ingresado a la Cámara por el legislador Eric Calcagno y que contaba con la aprobación de las dos comisiones vinculadas. “Fue una desilusión que los senadores no hayan estado a la altura del tiempo cultural que les tocó vivir”, barrunta con bronca y resignación Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes y uno de los principales fogoneros de esta iniciativa que pretendía regular, estimular y financiar la actividad musical argentina por fuera de los habituales canales de consumo y difusión que ofrece el mercado a través de sus productoras y discográficas privadas. “Es evidente que la música no es tan importante en la consideración de ellos. Lo lógico hubiese sido que se tratasen las leyes que reunían consenso entre los legisladores, y dejar para otra ocasión las que no lo tenían. Pero esto no ocurrió”, agrega con notable desazón.

La idea había embrionado en las asambleas convocadas en 2006 para afrentar la Ley del Ejecutante Musical que obligaba a todo músico preciado de tal a aprobar un examen de idoneidad y a matricularse obligatoriamente en el Sindicato Argentino de Músicos. El por entonces presidente Néstor Kirchner había reglamentado con inédita inocencia una normativa del Pleistoceno (el proyecto había sido aprobado por el Congreso en... ¡1958!), pero quebró la cintura a tiempo y catalizó en propuestas el vigor de las protestas. Al cabo de varias reuniones tête-à-tête, con un amplio espectro de músicos que iba de Mercedes Sosa a Andrés Ciro, Kirchner aceptó firmar otro decreto, esta vez para derogar la ley que un año antes había promulgado, aunque con la contraoferta de invitar a los artistas a activar en favor de una nueva legislación.

Constituidos en el colectivo autodenominado Músicos Argentinos Convocados (MAC), 150 artistas se dividieron en cinco grupos de trabajo y redactaron un borrador que fue corregido y mejorado a medida que discurría su incesante meneo por despachos públicos, buscando alentar adhesiones y patrocinios. El producto de ese titánico trabajo tomó tenor parlamentario en junio del año pasado, cuando el Proyecto de Ley Nacional de la Música ingresó a la Cámara alta por influjo del senador Calcagno. “La propuesta no fue impuesta por nadie de afuera sino que la escribieron los propios músicos a partir de diversos grupos de trabajo que evaluaron leyes similares de otros países”, recuerda Cristian Aldana, presidente de la Unión de Músicos Independientes y uno de los principales estandartes de la autogestión desde los tiempos en los que editaba en casete los primeros larga duración de El Otro Yo, su banda-emblema. “La idea es que la actividad musical deje de ser frustrante y se vuelva viable.”

La propuesta más resonante de la ley era la creación del Instituto Nacional de la Música (tal como ya lo tienen en la Argentina el cine y el teatro, por caso), que se haría cargo de ofrecer un circuito de lugares para tocar en vivo, financiamiento para registrar grabaciones y herramientas para difundir las obras en los medios audiovisuales y en los shows internacionales. La instrumentación de su financiamiento en dos artículos de la ley de medios del año pasado y la aprobación del proyecto por parte de las dos comisiones vinculadas en el Senado hacían prever la inminencia de una media sanción que nunca llegó. “El tratamiento se fue dilatando por las elecciones, y en las sesiones restantes hubo otras prioridades. No fue un problema de interés sino más bien de tiempos”, dicen desde el despacho de Calcagno, quien la semana pasada cambió de Cámara legislativa, ya que concluyó su mandato como senador (ocupaba la banca a la que había abdicado Cristina Fernández de Kirchner cuando asumió la Presidencia), pero a la vez inició uno nuevo como diputado, dato que alienta las esperanzas de reanudar el proceso burocrático en el ámbito del Congreso de la Nación.

“Políticamente, la ley plantea una nueva descentralización de la política cultural al crear un organismo que depende del Estado, pero hace la suya con políticas autárquicas de subsidios y demás, tal como ya pasa con el cine y el teatro”, apunta un relevante funcionario de la Secretaría de Cultura de la Nación, quien pone sobre relieve una cuestión en la que pocos repararan: “Nadie va a oponerse a los músicos independientes porque sería un error político enfrentarlos, pero hay que tener presente que si se empieza a mover la Ley Federal de Cultura, todos estos organismos van a chocar con la norma porque promueve la creación de un ministerio que abarque y centralice todas esas áreas”.

Una reunión con el actual vicepresidente (y titular del Senado), Amado Boudou, una megaconvocatoria enfrente del Congreso hacia fines de noviembre y hasta un recital en la Antártida, fueron algunas de las jugadas que el MAC realizó para prevenir lo inevitable: que los senadores desestimaran tratar el proyecto en la última sesión posible, la del 30 de noviembre. “Hay un crecimiento en la conciencia del músico sobre la necesidad de una norma que mejore las condiciones en las que se hace música en la Argentina. La autocrítica que nos hacemos es no haber apretado el acelerador mucho antes. Pero no importa, ya nos estamos reuniendo con diputados y senadores para arrancar ni bien empiecen las sesiones en el Parlamento. ¡El año que viene vamos por la ley de la música!”, concluye, enfáticamente, un agridulce Diego Boris.