En octubre habrá elecciones legislativas, que sirven para definir la renovación de la mitad de los diputados y de un tercio de los senadores de la Nación. Aunque es posible que los legisladores no cambien, pues podría ser que algunos mantengan su banca, la cuestión es que se vota a partidos políticos con una nómina de legisladores que continúan o se suman en el lugar de otros. Pero, bueno, para eso sirven. En el fondo, permiten además elegir indirectamente qué tipo de proyectos de leyes entrarán en debate en los próximos años, qué tipo de necesidades y qué derechos intentarán ser cubiertos. Lo novedoso para las legislativas de 2013, por primera vez en la historia, es que los jóvenes que a fecha de comicios hayan cumplido 16 años podrán votar de manera voluntaria, pues participar de la elección no será obligatorio para un millón y medio de chicas y chicos que para esa fecha tendrán 16 o 17 años, según el censo de 2010. Básicamente, se trata de los nacidos (más o menos) entre septiembre de 1995 y octubre de 1997.

Así lo determinaron recientemente los propios congresistas. Este 31 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por 131 votos a favor y 2 en contra esta normativa que ya había recibido la media sanción que hace el Senado. Del debate, la votación y las repercusiones surgieron numerosas adhesiones y críticas con inmediatas réplicas. Una de las intervenciones insólitas en la cámara fue la de la diputada Elisa Carrió, que en las presidenciales de 2011 quedó última con el 1,82 por ciento de los votos. “¿Qué van a ofrecer fuera y dentro de la escuela secundaria a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga?”, espetó la diputada por el ARI-CC en oposición a esta legislación. A grandes rasgos, esta respuesta trae implícita una idea política presente en un sector minoritario de la sociedad: que ampliar los derechos de los jóvenes es un paso hacia la anarquía, la hecatombe y la debacle total.

Más o menos la misma tónica se extendió en el discurso de la mayor parte de la oposición a la medida. Apenas parte de los legisladores (los más biempensantes) ajenos al Frente para la Victoria, partido que encabezó la propuesta, aceptó que la ley del Voto Joven significa un nuevo derecho para una juventud que en lugar de ir a la escuela secundaria en busca de dinero o droga lo hace en miras de su educación, con la firmeza y madurez como para, llegado el caso, luchar por sus derechos estudiantiles mediante huelgas y tomas de colegios. Esa juventud que en los últimos años se ha ido empapando de la cotidianidad política a partir de su militancia, no siempre partidaria ni oficialista, y que también sufre la flexibilización y la explotación laboral de sus familiares adultos, heredadas de los ‘90.

El Voto Joven ya es un derecho adquirido. Uno más, como la Asignación Universal por Hijo, un monto que se entrega a los padres, trabajen o no, pero cuyo destinatario es la hija o el hijo, ya que el incentivo es para ser utilizado en la educación, alimentación y el cuidado de la salud del piberío. Uno más, como lo será, cuando muchos jóvenes homosexuales cumplan la mayoría de edad, el de poder contraer matrimonio igualitario o cambiar su nombre y género mediante la Ley de Identidad de Género. Uno más, como el derecho a obtener información diversa corporizado en la ley de medios. Uno más, como la posible sanción completa de la ley de la música, que ya tuvo media sanción en Diputados, también recientemente, y que les brindaría un marco normativo a los que acaben siendo músicos o amantes de la música.

El punto más discutido acerca del Voto Joven es que muchos adolescentes, a esa edad, no tienen el conocimiento pleno de la historia económica, social y política del país. Bueno, tampoco lo tienen muchos adultos, ¿no? Otra crítica es la aristotélica idea primitiva de que los jóvenes son no más que personas en un desarrollo hacia la adultez y, recién entonces, estarán capacitados para recibir y ejercer la plenitud de derechos. De allí mismo viene la palabra adolescente: aquel que adolesce (al que le falta) de algo, de derechos. Con la ley del Voto Joven, esto empieza a caerse.

Porque, ¿qué sucede con las y los jóvenes? Hoy una piba o un pibe de 16 o 17 años pueden trabajar en tiras juveniles televisivas, en McDonald’s o en negro; ser madres o padres; ser imputados por delitos, ser enviados a reformatorios o internados en granjas de rehabilitación, pero hasta hace unas semanas no podían votar. Muchas de las mismas voces que adhirieron a la idea de bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años, con algunos extremistas proponiendo hacerlo hasta los 12, son las mismas que gritaron para oponerse a que los pibes de entre 16 y 17 años pudieran votar, para más de forma optativa, o sea, ejercer el derecho de elegir representantes.

Esto implica que con 16 años puedas hacerte cargo de ayudar a elegir qué políticas querés que sean prioritarias en tu país, lo que abre cientos de puertas hacia otros derechos, por menos directa que sea la cuestión, que siempre dependerá... ¡de adultos! Elegir congresistas implica decidir qué ideas entrarán a discusión en el Parlamento: qué normativas habrá en danza en cada campo de la vida ciudadana, en la salud, en la educación, en el trabajo, en lo legal, en cuanto a la vivienda, qué se permitirá y qué ya no, todas esas cosas que los jóvenes y adolescentes también sufren y que también les preocupan. Es algo tan sencillo y poco discutible en lo conceptual como que con esta medida casi un millón y medio de pibes y pibas estarán más cerca de poder decidir qué tipo de país quieren.