En algún punto del país, 500 estudiantes y jóvenes abogados se reúnen desde hace cuatro años para analizar los desafíos de la generación de los nacidos y criados en una democracia que busca una Justicia más justa. A un gobierno lo define su discurso. A una generación, la forma en la que impone discusiones que aquél no contempla. Porque todo Estado –incluso el más noble y eficiente– padece un defecto insalvable: la incapacidad operativa de articular todas las necesidades que su era le demanda. En los ‘70 fue la lucha por la justicia social frente a gobiernos impopulares y en los ‘90 la resistencia frente los embates de un neoliberalismo cruel y despiadado. ¿Cuáles son, entonces, las batallas que le corresponden a esta camada de jóvenes, la primera de la bicentenaria historia que nace y se cría bajo una democracia incuestionable?

Esa es la pregunta que, desde 2010, empuja a cientos de estudiantes y laburantes sub 30 del Derecho a reunirse en algún punto del país para analizar los desafíos de esta época. Y para capitalizar energías y aportar soluciones: lejos del debate soso, la mayoría proviene de o deriva en militancia barrial, trabajo social, organismos de derechos humanos y defensa en casos de violencia institucional. Profesionales cerca del barro y lejos del estereotipo que los ubica como oscuros caranchos buscapleitos. Y conscientes, además, de su rol en la sociedad: los abogados son, ni más ni menos, creadores, intérpretes y defensores de la ley, núcleo básico de todo pacto de convivencia social. Y, por lo general, son quienes ocupan (ocuparán) puestos claves en las instituciones que conforman un Estado de derecho.

El Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho (ENED) es una especie de Woodstock jurídico que durante tres días agrupa a jóvenes abogados (o púberes aspirantes) alrededor de una agenda que pretende atender los problemas más evidentes, advertir aquellos que no se visualizan con claridad y compensar los que aún subyacen del pasado: desde viejas deudas de la última dictadura (como los excesos tristemente vigentes de las fuerzas de seguridad), quistes aún no removidos de la década neoliberal (las leyes que desregulan y precarizan el trabajo joven) e inquietudes propias de este tiempo, como la actualización de una legislación sobre drogas que hoy se concentra más en quien compra que en quien vende. Se trata del evento estudiantil (independientemente de la carrera que fuere) más relevante de Argentina. Su edición 2014, la cuarta, se realizó en el emblemático complejo hotelero construido por Perón en Chapadmalal y convocó a medio millar de jóvenes de todo el país.

Una mirada crítica que, ante todo, comienza por casa. “Nuestra democracia fue evolucionando con el tiempo, pero los mecanismos de anticuerpos generados no son suficientes. El ejemplo es el bajísimo grado de rendición de cuentas del Poder Judicial”, postula Gonzalo Grande, de 14Bis, una de las agrupaciones organizadoras del ENED, reconocida por su intenso trabajo social en la Villa 21-24 de Barracas. Y cita el ejemplo de Fernando Carrera, comerciante confundido con un ladrón, baleado por policías sin identificación desde un auto sin patente y condenado a 30 años por la deliberada manipulación del sistema judicial. La historia de Carrera (defendido por jóvenes abogados) inspiró la película El rati horror show y la presión pública obligó a la Corte Suprema a ordenar la revisión de la causa. Pero la autocrítica del Máximo Tribunal fue una conducta de excepción: el año pasado invalidó algunas leyes impulsadas por el Gobierno para democratizar el acceso a los cargos judiciales y ecualizar instancias de control con el Ejecutivo y el Legislativo. La Corte, garante supremo de la Constitución, actuó de manera corporativa, vetando la modernización de un Poder Judicial compuesto por jueces y fiscales elegidos a dedo. Las consecuencias las pagan, entre otros, los estudiantes, que para hacer carrera en un tribunal ejercen como “meritorios”, eufemismo que define al changarín del Derecho, confinado a sacar fotocopias y acomodar carpetas.

Penales por definición

A diferencia de lo que ocurre en festivales, el plato fuerte del ENED no estuvo al final sino al principio, cuando los abogados de hoy y mañana metieron mano en uno de los temas jurídicos que más sensibilizan: el de la cuestión penal, vigorizada además por la reforma del centenario Código que el Congreso planea tratar en los próximos meses. Se vienen tiempos de debates ríspidos sobre un tema que involucra a la juventud como actor fundamental, ya que un informe de la Universidad de Tres de Febrero revela que la mitad de los detenidos en cárceles argentinas tiene menos de 32 años.

Las políticas penales del universo –inspiradas todas y cada una en la idea madre de proteger a unos de otros o, sin eufemismos, en el miedo– ponen de manifiesto una lucha de clases eterna entre quienes castigan y son castigados, ya que a ambos extremos se suelen ubicar sectores de extracciones sociales antagónicas. Con el agregado de que el concepto “seguridad-inseguridad” es abordado más como discurso de trinchera que como una problemática compleja, perdiendo toda densidad para que pueda caber en el modesto vocabulario de los políticos que buscan el calor electoral. Todo, entonces, parece reducirse a una pelea contra bárbaros y desclasados que asolan ciudades profanando las pertenencias de ricos, pudientes, o todo aquel que posea algo digno de ser robado. Una foto incompleta y pixelada por las necesidades de asesores de marketing y jefes de campaña, quienes asocian seguridad con represión, pues es el camino más fácil para garantizarles votos a sus clientes.

En Argentina, el escenario se agudiza con un Código Penal de 1921 que, a casi un siglo de su creación, devino en un adefesio deficiente a causa de los casi ¡mil! parches y remiendos. La mayoría responde a medidas espásticas tomadas por los gobiernos de turno para saciar los reclamos de sectores específicos, que claramente no son todos. Las consecuencias, a la vista: calles cada vez más llenas de policías, patrulleros, gendarmes y cámaras de vigilancia, acciones que no resolvieron los problemas que los inspiraron. Y que, además, agregaron un resabio difícil de desmontar: la consagración de estigmatizaciones que ubican como protagonista del delito sólo al último eslabón de una entramada cadena que –como se ha visto en innumerables oportunidades– también involucra a poderes públicos y fuerzas de seguridad, por lo general marginados del foco acusador. El último gran ejemplo fue la denominada Ley Blumberg, una batería de medidas votadas por el Parlamento bajo presión social que, según opinó el criminólogo Mariano Gutiérrez en este diario, no sirvió para bajar las tasas del delito pero sí para aumentar el castigo a “sectores jóvenes y pobres”.

Un anteproyecto de reforma a este Código fue presentado hace un año y medio con el objetivo de armonizar leyes que por un lado se contradicen y por el otro son ineficaces como herramientas. Supone el saldo de una deuda histórica del sistema jurídico argentino, aunque aún debe ser tratado y aprobado por el Congreso. Si el recientemente renovado Código Civil significa una ampliación de derechos sociales (sobre todo en materia de adopción y matrimonio, para el beneficio de esta generación y las siguientes), el nuevo Código Penal se extiende no en penas sino en sujetos a penar. Aparecen fuertes condenas al lavado de dinero, ataques a flora y fauna y delitos de cuello blanco, perpetrados por clases sociales que no son las que hoy integran las estadísticas carcelarias. Y, como hecho fundamental, se obliga a los jueces a justificar las penas sentenciadas, uno de los históricos reclamos de las organizaciones que defienden a jóvenes detenidos arbitrariamente.

Son pocos los delitos que se despenalizan. Entre ellos, el de la tenencia y cultivo de estupefacientes para consumo personal, además de eliminar la figura de la reincidencia por considerarla abusiva. Sin embargo, el anteproyecto (que fue mostrado durante este año y medio en universidades para ponerlo a consideración de los estudiantes) generó fuerte resistencia entre sectores conservadores, como el de Sergio Massa, quien instó a sus fuerzas juveniles a salir por la calle buscando adhesiones para combatir la reforma del Código y seguir bregando por más cárceles y más penas.

“Debemos ser cuidadosos con la propaganda del castigo”, apuntó en el ENED el profesor y fiscal Eduardo Alagia, coautor junto al juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni (que se jubilará en diciembre) de uno de los manuales de derecho penal más leídos por los estudiantes de abogacía. “Ningún código, ni el vigente ni el histórico, puede prevenir los problemas sociales graves, como los homicidios o genocidios. Hay que ser conscientes de eso y trabajar las penas de manera ética y responsable. Es inevitable el castigo en la sociedad hasta tanto no exista plenitud de igualdades, lo cual es muy distinto a engañar a la gente haciéndole creer que las penas solucionan los problemas.”

Agenda para mañana

Además de profundizar inquietudes instaladas en la sociedad, el ENED sirvió también para recoger las experiencias de muchos profesionales que desandan sus tareas en los márgenes de la agenda pública. Como el caso de María Inés Bedia, abogada de 30 años al servicio de Abuelas de Plaza de Mayo, quien expuso una novedad alentadora: después de tres décadas, podrán ser condenados por primera vez empresarios vinculados con delitos de lesa humanidad. El dato no es menor, ya que al menos 350 fueron denunciados en distintos testimonios y muchos de ellos tuvieron una responsabilidad significativa (el caso más simbólico es el de la azucarera Ledesma, que en 1976 contribuyó al secuestro de 400 trabajadores en la localidad jujeña). A fin de año tal vez sean sentenciados tres directivos de Ford procesados por la desaparición de 26 personas, dando inicio a una larga cadena de resarcimientos históricos. Ese será el aporte de la generación sub 30 a una etapa que, como se ve, aún no cauterizó todas sus heridas.

Agustín Territoriale, defensor de familias desalojadas de asentamientos y lugares de emergencia, hizo hincapié en la vivienda como derecho inherente a la condición humana en el contexto de problemas habitacionales crónicos. Juan Manuel Ottaviano, analista de la violencia institucional en Argentina, abordó el tema de las protestas sociales en épocas de cortes, piquetes y reacción militarista, consignando que “hay sectores sociales que se expresan con violencia porque no gozan de representación política”. El joven profesor Lucas Arrimada cargó contra la moda de instalar cámaras de seguridad por considerarlas “inductoras del aparato represivo”. Y Juan Manuel Suppa, periodista de THC y especialista en derecho de salud mental, alertó sobre la necesidad de definir claramente el límite de cantidades de estupefacientes permitidas para consumo personal, dato sensible que obvian la mayoría de los proyectos despenalizadores presentados en el Congreso.

Algunos de estos temas ya trascendieron las murallas de las aulas, los despachos y los juzgados y se volvieron de dominio público. Aunque siempre exista la dificultad acechante: “La política ya no es vista como una mala palabra y se volvió tema de discusión entre los jóvenes. El desafío ahora es lograr que suceda lo mismo con la Justicia, insistiendo para que ciertos debates se instalen de manera pública”, apunta Martina Garbarz, otra de las organizadoras del ENED. Tal vez, dentro de 30 años, alguien describa esta generación como aquella que marcó el camino de una democracia que no se conformó sólo con votar a sus representantes (acto micronésimo y anónimo que igual reivindica el poder de voluntad), sino que además buscó madurar hacia leyes un poco más sensibles y justas en el contexto de un mundo que se come los últimos pedazos de sí mismo.