SANTA FE
Es el candidato propuesto por Obeid para ser Procurador de
la Corte. La Comisión de Acuerdos de la Legislatura analizará
hoy las impugnaciones. Entre ellas, el requisito de la edad.
Desde Santa Fe
La comisión de Acuerdos de la Legislatura se reunirá esta tarde para tratar dos impugnaciones formales y otros cuestionamientos -por escrito y en público- al pliego del procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Bassó y recibir más tarde el descargo del camarista, que deberá comparecer ante los legisladores, a las 18. Uno de los escritos fue presentado ayer por una abogada del foro santafesino que impugnó el ascenso de Bassó por supuesta "morosidad judicial" y lo acusó de haber cajoneado un expediente durante casi un año. Mientras que hoy, legisladores del Frente Progresista formalizarán la segunda impugnación, pero esta vez por un requisito constitucional: Bassó tiene 67 años y su nombramiento va a contrapelo del artículo 88 de la Constitución de Santa Fe que hace cesar la inamovilidad de los jueces a los 65 años si están en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria, que en el caso del nominado se descarta. Por lo tanto, si Bassó llega al cargo -con el voto de la mayoría automática del PJ- perdería la inamovilidad por su edad y sólo le quedaría camino de demandar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la "inconstitucionalidad" de la norma, como lo hizo hace algunos años el ex ministro de la Corte, Casiano Iribarren. "Y así llegaríamos al absurdo: la provincia estaría designando a alguien para que le haga una demanda judicial a la propia provincia que lo designó si quiere perdurar en el cargo. Esto es insostenible por donde se lo mire", disparó el diputado socialista Raúl Lamberto. La Asamblea Legislativa que debe considerar el ascenso de Bassó y la designación del abogado Daniel Erbetta como juez de la Corte está convocada para mañana al mediodía.
Bassó ya acumuló varios cuestionamientos políticos. A las denuncias sobre su pasado que agitó la diputada del ARI, Alicia Gutiérrez -quien lo acusó de haber sido juez de la dictadura militar, designado en 1978 y ascendido en 1980- se agregó ayer un planteo de otro legislador del Frente Progresista. Raúl Lamberto reveló que Bassó tiene 67 años y por lo tanto su designación sería "inconstitucional" en razón de su edad. "El artículo 88 de la Constitución de Santa Fe hace cesar la inamovilidad de los jueces a los 65 años si están en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria. O sea que hay una regla general que es la inamovilidad de los jueces, prevista en la primera parte del artículo y una excepción: si están en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria que Bassó, evidentemente, lo está", dijo el legislador.
"Entonces, estaríamos designando a alguien que, de acuerdo a la Constitución, no va a tener inamovilidad, no va a cumplir con uno de los requisitos sustanciales que exige la Constitución, que los magistrados sean inamovibles. Y si después, Bassó pretendiera que no se le aplique esa norma tendría que litigar contra la provincia, con lo cual la provincia estaría designando a alguien para que demande a la propia provincia si quiere perdurar en el cargo con todos sus atributos. Esto es insostenible por donde se lo mire", dijo Lamberto en un diálogo con Rosario/12. Y anunció que hoy formalizará la impugnación por escrito.
En realidad, la primera impugnación al pliego de Bassó fue planteada ayer por una abogada del foro santafesino, Emma Julia Piñeiro, quien acusó al camarista de haber cajoneado un expediente casi once meses. Piñeiro defiende a un ex oficial de la Policía santafesina y al hijo de éste que fueron condenados a once años de prisión por la muerte de un narcotraficante que había asesinado a otro de los hijos del policía y tuvo que esperar "casi once meses" el voto de Bassó en la causa. La abogada denunció la morosidad ante la justicia penal y la Corte Suprema de la provincia, pero se topó con la corporación judicial: la fiscal en turno Estela López Bustos rechazó la denuncia y la Corte aún no se pronunció sobre el caso. Así que recurrió ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura para impugnar el pliego de Bassó y frenar su ascenso a la Corte. "¿Puede un magistrado que actúa de manera tan irregular en este tipo de causas conexas al narcotráfico ser nada menos que el procurador del máximo tribunal de la provincia?" le preguntó Piñeiro a los legisladores. "Bassó tiene varias causas de impugnación, pero esta es la más relevante. ¿Cómo va a tener demorada una causa injustificadamente durante un año y a dos personas privadas de la libertad por que sí?", agregó después por la emisora LT10.
La Asociación Anticorrupción presentó también un escrito que apuntó contra Bassó. "Si el procurador de la Corte no da el ejemplo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes cabe imaginar la distorsión que puede reflejarse en la labor de los demás funcionarios (del Ministerio Público) sujetos a su supervisión. La justicia de esta provincia ha permitido la prescripción de la gran mayoría de las causas por corrupción, algunas de ellas emblemáticas".
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