A seis años del diciembre trágico, que dejó nueve muertos y cientos de heridos y detenidos en la provincia de Santa Fe, desde la Comisión Investigadora No Gubernamental de los Hechos de Diciembre de 2001, Lilian Echegoy adelantó que están "armando la denuncia para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque quedaron muchas cosas por fuera de la investigación oficial", y señaló que el factor común de las causas es que "fueron investigadas más o menos según la presión que se ejerció, según los testigos que había, pero lo preocupante es que más allá de estas condenas -que en la Justicia santafesina se dice que es el único lugar del país donde los ejecutores fueron condenados- todas las causas que investigaban la responsabilidad penal de los funcionarios políticos tendieron siempre a diluir esa responsabilidad y terminaron con la impunidad de los mismos".

Echegoy recordó que "en la investigación sobre la responsabilidad de los funcionario policiales, el juez Juan José Alarcón sobreseyó a los imputados diciendo que no habían recibido ordenes precisas de parte de los funcionarios políticos. A la vez determinó que para determinar la responsabilidad de los funcionarios políticos la causa vaya a Santa Fe. Hubo un impasse de unos seis meses en los que se dirimen las competencias entre Rosario y Santa Fe, y cuando se establece que la causa sea tramitada en la ciudad de Santa Fe, el juez Roberto Reyes, que tenía a su cargo la investigación de los funcionarios políticos -Enrique Alvarez, quien era subsecretario de Seguridad, Lorenzo Domínguez, entonces ministro de Gobierno, y el en ese momento gobernador Carlos Reutemann- desvincula a Reutemann de la investigación, y en ningún momento lo llama a declarar, pero Domínguez y Alvarez quedan en esa pseudoinvestigación que hace el Poder Judicial".

Según Echegoy hay un "cono oscuro en el que nadie investiga la cadena de mando y se investiga únicamente si la policía tenía suficientes pertrechos, que son las balas de goma, los chalecos, y demás. Esa fue la única investigación y por lo único que los interroga a Domínguez y a Alvarez. Después se investigan los días previos, es decir si hubo o no prevención de estos hechos, pero el lapso entre los días previos y lo que pasó en esos dos días no lo investiga nadie".

"Es más, en la resolución, así como Alarcón determina que los funcionarios policiales no recibieron órdenes precisas y los sobresee, Reyes dice que ni un licenciado en Ciencia Política, como es Alvarez, ni un médico, como es Domínguez, podían darle órdenes a la policía porque es un órgano especializado que podía actuar por sí mismo. Es decir que por distintos lugares se llega a la impunidad".

Sumado a esto, denunció que Reyes -quien en octubre pasado fue ascendido a camarista en un acto promovido por el ex gobernador Jorge Obeid- negó a los familiares de las víctimas la participación en la investigación cuando quisieron constituirse como actores civiles en la causa, requisito imprescindible para intervenir en el expediente.