El juicio oral por el terrorismo de Estado en Santa Fe se encuentra con un nuevo escollo: todos los conjueces sorteados el martes para integrar el Tribunal Federal Oral se excusaron por distintas razones. Mientras Eduardo Espósito se apartó por su relación con Domingo Marcellini, uno de los imputados en el proceso; Guillermo Zenklussen, de Rafaela, también aludió a relaciones personales con el abogado de una persona imputada. Finalmente, ayer al mediodía, la abogada Silvia Doldan arguyó que no podía adoptar el compromiso "por razones personales y laborales y una situación familiar delicada". La tarea de conjuez constituye una carga pública, ad honorem, y por eso se estima que ninguno de los otros 18 sorteados aceptará.

En ese marco, los querellantes se están moviendo para exigir que se garantice el proceso. Uno de ellos, Daniel García, pedirá audiencia con la secretaria de Derechos Humanos, María Bressa y al presidente del Colegio de Abogados de esa ciudad, Salvador Aiello, para exigirles un compromiso con el juicio. "Necesitamos que se expidan sobre esta situación", afirmó.

Los tres conjueces habían sido designados en un sorteo público el martes pasado para integrar el Tribunal, en reemplazo de sus titulares, que se habían excusado en pleno. En el mismo sorteo, la Cámara hizo un orden de prioridades que incluyó a 18 abogados santafesinos, en previsión de la cataratas de renuncias que recibirían. "Es imposible que el juicio dependa de la voluntad de 15 o 20 personas que andan disparando como conejos para todos lados", opinó García.

Por su parte, otra de las querellantes, Anatilde Bugna afirmó que "el Ministerio de Justicia debe arbitrar los medios para que se integre el Tribunal, porque se trata de una carga pública y debe ser exigible, como lo es para los maestros con los censos". En ese marco, adelantó que los querellantes evaluarán medidas urgentes. "Tampoco se puede dilatar más esta situación porque hay tiempos procesales que corren".

La causa Brusa tiene siete acusados, María Eva Aebi, Domingo Marcelini, Víctor Brusa, Eduardo Ramos, Héctor Colombini, Mario Facino y Juan Perizotti. Todos están alojados en dependencias del Estado o en prisión domiciliaria, con prisión preventiva. El conjuez Leandro Corti elevó el sumario a juicio oral el 21 de enero pasado, pero el Tribunal Oral se excusó, y hubo que buscar conjueces, que ahora también desistieron.

Muy preocupado, García consideró que "la Cámara Federal de Rosario tendría que tomar cartas en el asunto y designar a tres jueces de otra localidad para que cumplan con su función", habida cuenta de las dificultades para convocar a profesionales santafesinos. "Queremos que el Colegio de Abogados y las autoridades políticas tomen posición sobre este verdadero chiquero que se armó en la Justicia Federal. Llegamos al punto de que el juicio oral dependa de un bolillero, de una cantidad de abogados que figuran en la lista como conjueces, y que se excusan porque en su gran mayoría tienen un vínculo estrecho con la última dictadura militar", puntualizó.

Según informó el portal santafesino Notifé, "de la lista de 25 abogados elaborada por la Cámara Federal de Rosario, cuatro fueron descartados de entrada: Leandro Corti (la elevó a juicio y renunció), Busser (antes excusado), Oroño (abogado de una de las imputadas) y Lazarini (excusada en la etapa instructoria). La primera suplente, la abogada rafaelina Marcela Franquelli también se excusó y el doctor José Vigil lo rechazó porque actualmente se desempeña como abogado del Estado". Ahora quedan otros abogados del fuero santafesino, pero al tratarse de una carga pública, se estima que la mayoría se excusará.