SANTA FE
Raquel Negro fue trasladada de la Quinta de Funes al hospital Militar de Paraná. Allí nacieron mellizos, que están desaparecidos. Amelong fue uno de los que trasladó a la mujer.
El represor rosarino Juan Daniel Amelong se abstuvo ayer de declarar en la causa "Hospital Militar de Paraná", en la cual se investiga la apropiación de bebés nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar y la sustitución de su identidad. Así lo informó Marina Barbagelatta, abogada querellante en la causa, para quien la abstención "es una cuestión altamente probable" entre los imputados de este tipo de delitos. No se descarta que otro rosarino, el represor Walter Pagano, siga los mismos pasos.
Amelong fue trasladado a Paraná desde Rosario por el Servicio Penitenciario Federal a bordo de una combi que llegó minutos antes de las 10 para asegurarse evitar el escrache de los organismos de derechos humanos que estaban convocados para las 12.
El doctor Juan Carlos Ferrari asumió como defensor de oficio. Tras una serie de incidencias planteadas por el acusado, hizo saber que no declararía ante la jueza federal. Aproximadamente a las 14.30, la custodia lo trasladó nuevamente a las dependencias militares, donde cumple su arresto.
"Todos los imputados tienen el derecho de abstenerse de declarar, ha sido una tesitura constante para quienes están imputados en este tipo de delitos", explicó la abogada Barbagelatta. "El tiene derecho a pedir ampliación de indagatoria todas las veces que quiera y se va a volver a indagar en la medida en que el quiera decir algo en su defensa", agregó. En este caso, Amelong "hizo uso del derecho que tiene, puede hablar en cualquier instancia del proceso, pero es un derecho no su obligación", reiteró. Respecto a las incidencias en la causa, la abogada de la querella afirmó que "no es sólo si van a hablar, sino que estén dispuestos a hablar y además a contar la verdad".
En tanto hoy Walter Pagano, ex integrante del Servicio de Inteligencia Destacamento 121 de Rosario, deberá comparecer también ante la jueza Federal de Paraná, Myriam Galizzi, a las 10. Para esa oportunidad, los organismos de derechos humanos convocaron a concentrarse ante la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, en reclamo de justicia. Ambos fueron nombrados por el ex represor Eduardo Costanzo en su declaración como testigo ante la magistrada, como quienes dejaron a uno de los bebés que tuvo Raquel Negro en la puerta de un convento u orfanato rosarino.
Ayer integrantes del Registro Unico de la Verdad, la agrupación H.I.J.O.S y otras entidades se hicieron presentes en la sede de calle 25 de Mayo y aguardaron la llegada de Amelong, quien se encuentra detenido en el marco de la causa Guerrieri, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Quinta de Funes, desde donde fue trasladada Raquel Negro a la ciudad de Paraná para dar a luz en el hospital Militar.
En tal sentido, Julián Boderó de HIJOS aclaró que las expectativas en torno a la declaración de los ex represores, "son las mismas que hace 30 años tienen todos los familiares, que nos digan dónde están nuestros seres queridos, que digan la verdad así damos un paso adelante".
Asimismo, indicó que Amelong y Pagano "participaron del traslado de la hija de Negro y que fue depositada en un convento de Rosario. Hoy tienen que responder ante la jueza todo lo que saben y aportar al avance del esclarecimiento de lo que pasó con los hijos de Negro".
Respecto a las muertes de represores, como el caso de Paul Navone que debía declarar en el Juzgado Federal de Paraná, Boderó indicó que "tenemos dos certezas: una que los represores se siguen moviendo en un aparato represivo que está intacto, que hay que desmantelar y otra es que se mueven en una atmósfera de un pacto de silencio, y eso sólo se puede romper con el avance de la justicia".
Boderó indicó que hay avances sustanciales en la causa iniciada en el 2005 por el titular del Registro Unico de la Verdad, Guillermo Germano. "En el transcurso de estos tres años ha avanzado lo suficiente como para detener al general Trimarco, quien tiene la responsabilidad de todo lo sucedido en Entre Ríos".
La causa Hospital Militar intenta dar con el destino de bebés nacidos a principios de 1978 para lo cual son querellantes Estela de Carlotto, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo; Sebastián Alvarez, hijo mayor de Negro que busca a sus hermanos; y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
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