Hermes Binner abrió ayer la Casa Gris a organizaciones que contienen a víctimas de la catástrofe del río Salado y les propuso integrar una mesa de diálogo y concertación que defina una agenda sobre tres ejes: memoria, justicia y reparación. "Parece que está hablando uno de nosotros", le contestó una de las líderes de la Marcha de las Antorchas, alentada por la propuesta oficial a la que ahora tendrán que poner en práctica. La demanda de justicia monopolizó gran parte de la audiencia y algunos interlocutores del gobernador hasta llegaron a pedirle que promueva el juicio político a los ministros de la Corte Suprema designados por Carlos Reutemann. Binner les recordó que en Santa Fe hay división de poderes. Pero el pedido fue coincidente con el que escuchó a principios de año entre los familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001: el monitoreo de las causas sobre Diciembre Trágico y un dictamen sobre el rol de los jueces. El pedido empalma con una idea que ya madura en algunos despachos muy cercanos a Binner: crear un Observatorio Judicial que pueda monitorear las causas de la impunidad en la provincia, como existe en otros lugares del mundo.

Binner dedicó casi tres horas de su agenda al diálogo con los inundados de Santa Fe. Lo acompañaban el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; el secretario de Justicia, Roberto Vicente y después se sumó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti. Y en frente, estaban los resistentes de tres organizaciones. la Marcha de las Antorchas, la Carpa Negra de la Memoria y la Dignidad y la Casa de Derechos Humanos que integran las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

"Lo que queríamos era empezar con una mesa de concertación con el objetivo de abrir una agenda de diálogo. Esta era la cuestión fundamental", comentó después el secretario de Justicia. "El gobernador propuso que esa mesa de concertación sea debidamente conformada por todos los grupos que pertenecen a los distintos barrios damnificados por las inundaciones y todos los organismos que participaron en este tipo de cuestiones", explicó.

Otro de los reclamos fue el supuesto retaceo del gobierno a brindar información en la causa que investiga la catástrofe del río Salado. Binner puso mucho énfasis en aclarar que todos los documentos y planos de obras que estén en poder de la provincia serán puestos a disposición, no sólo de la justicia, sino también de los ciudadanos que los requieran. "Le dijimos que más allá de los requerimientos que se hagan por vía judicial, todos aquellos que tengan que ver con el acceso a la información van a ser contestados debidamente y en tiempo oportuno. Se abrirá toda la información y todos los archivos que la provincia tenga para el esclarecimiento del tema", dijo Vicente.

"La idea es organizar también un Archivo de la Memoria, no sólo con los documentos que tenga la provincia sino con todos los aportes que se puedan hacer para conformarlo. El archivo será público, y no sólo una cuestión coyuntural, sino una lección en el tiempo para que esta catástrofe no vuelva a ocurrir", agregó el secretario de Justicia .

-¿Y cuál fue la respuesta al pedido de juicio político a los ministros de la Corte?

-Hay un tema que debe quedar claro es la división de poderes. Nosotros vivimos en una República, no vamos a interferir en el accionar de la justicia. Pero creo que la justicia tiene que actuar responsablemente y cada uno en su rol. Lo que sí nos pidieron es la posibilidad de acceder a información que tiene el Estado y que son medios probatorios que ellos consideran importantísimos para la causa y que nosotros los pondremos a disposición.

-¿Y cuáles son esas pruebas?

-Los planos de obras, información referentes a las cotas, a todas las previsiones que se hubieren tomado en ese momento. Todas las cuestiones que estén en poder del Estado van a ser puestas a disposición de quien las demande -sostuvo Vicente.