La intención de la Municipalidad de Recreo de instalar un parque industrial en terrenos destinados a aborígenes mocovíes es resistida fuertemente por la delegación santafesina del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. Su delegada, Stella Maris Vallejo, envió una carta al gobernador Hermes Binner donde le pide que garantice el ejercicio de los derechos de la comunidad Com Caia. "Pedimos su intervención. Tiene que tomar una decisión rápida", dijo la funcionaria, quien urgió a la Comisión de Adjudicación de la Ley 12086 a dictaminar sobre la propiedad de las tierras. El traspaso estaba acordado para diciembre pasado, pero nunca se hizo efectivo. Al mismo tiempo, el diputado provincial del ARI, Antonio Riestra, repudió la iniciativa del municipio lindero a Rosario, que tiene una pata legislativa. Y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral presentó un recurso de amparo para impedir que avance la iniciativa.

La mecha se prendió nuevamente el 7 de julio pasado, cuando el Concejo municipal de Recreo aprobó una ordenanza que estipula una consulta popular sobre el destino de esas tierras. Impulsada por el propio intendente de la localidad, Mario Formento, la iniciativa plantea que la población vote si allí puede instalarse un parque industrial, y desconoce la cesión en marcha. El antecedente inmediato de esta embestida es el proyecto de ley presentado el año pasado por el entonces senador Juan Carlos Mercier, quien establecía un nuevo destino y excluía de manera explícita a la comunidad mocoví. Esa iniciativa tiene media sanción del Senado, pero nunca fue tratada por la Cámara de Diputados.

Justamente, en la Cámara baja provincial, el jefe del bloque del ARI anunció ayer su "indubitable rechazo" al proyecto de Mercier, y afirmó que "se está en presencia de una violación flagrante de la Ley 12.086, sancionada en 2002, que regula la adjudicación de tierras públicas, con carácter de reparación histórica a los pueblos originarios y preexistentes a la Nación".

Riestra rememora que la iniciativa de Mercier "pretende que el Estado provincial done a la Municipalidad de Recreo 189 hectáreas de un total de 327, con el cargo de destinar el predio a inversores industriales. Pero lo curioso y llamativo es que estas tierras están previstas para ser adjudicadas a las Comunidades Aborígenes".

Mientras el trámite en la Legislatura provincial está congelado, el municipio de Recreo movió sus fichas. Ocurre que una ordenanza municipal no puede derogar una normativa de orden superior, como la ley provincial que estipula la cesión de tierras a la comunidades aborígenes. Es por eso que la clínica jurídica de interés público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL presentó un recurso de amparo para impedir la consulta popular.

Una vez que el Inadi presentó sus quejas, el intendente de Recreo convocó a Vallejos a una reunión, y le aseguró que no existía una voluntad discriminatoria hacia la comunidad aborigen. La respuesta de la delegada del Instituto fue clara: la única manera de demostrarlo era suspender la consulta. "El desconocimiento de la normativa provincial tiene consecuencias terribles, porque ocasiona un perjuicio irreparable a los miembros de la Comunidad, instalando un debate que desconoce los derechos ya adquiridos, al mismo tiempo que la excluye de la participación en la discusión y control del mecanismo de consulta", indicó Vallejos.

La intención del Inadi es impedir que se someta a un plebiscito una decisión que iría en contra de una ley vigente, y de derechos garantizados en la Constitución Nacional. "Existen aquí derechos adquiridos debido a las numerosas actuaciones realizadas por la Comisión de Adjudicación de la ley 12.086, la que, si bien aún no ha concluido el procedimiento de adjudicación, en sus diversas reuniones realizadas durante los años 2007 y 2008, ha llevado adelante numerosas acciones", puntualizó Vallejos.

Las gestiones para derivar en la sesión definitiva de las tierras comenzaron el 21 de junio de 2007, con la intervención de los entonces representantes del Poder Ejecutivo provincial en la Comisión de Adjudicación. El 11 de julio del año pasado, la Comisión realizó su tercera reunión con referentes de la comunidad Com Caia.

Entonces, los líderes aborígenes solicitaron expresamente la entrega de las tierras de Recreo afectadas por la ley 12.086. El objetivo comunitario declarado era establecer un barrio en dicho predio, así como la iniciativa de diversos emprendimientos productivos. Esa misma semana avanzaron en la constatación de los terrenos, con la presencia de autoridades de gobierno, la delegada de Ocastafe, Clara Chilcano, Germán Sheidegger e Inés Fernández, de la Asociación Amigos del Aborigen, y dos representantes de la Comunidad Com Caia, Raúl Teoti y Manuel Troncoso. El terreno era ocupado por el cuidador ad-honorem del campo, de apellido Alcober, quien pidió un plazo para irse hasta el levantamiento de la cosecha del trigo, en diciembre pasado. El 25 de julio del año pasado, la Comisión de Adjudicación resuelve presentar un dictamen para ceder el lote, denominado San José. El 24 de octubre notificaron a los ocupantes.

No ocurrió nada más hasta el 10 de junio de este año, cuando la Comisión de Adjudicación volvió a reunirse, y estableció como prioridad la entrega del Lote A del Campo San José a la Comunidad Com Caia de Recreo. En su segunda reunión, la Comisión intimó al actual tenedor para avanzar con los últimos pasos necesarios hacia la entrega de posesión y propiedad. "La comunidad aborigen Mocoví Com Caia (somos hermanos) está integrada por familias provenientes del norte de la provincia, las primeras de ellas llegadas en el año 1968, motivadas por la demanda de mano de obra en las quintas de hortalizas", relató Vallejos, quien contó que "desde que se instalaron en el barrio, su mayor sueño fue tener una tierra propia a partir de la cual organizar y planear sus vidas".