Otra escalada del conflicto del transporte público impactó ayer sobre el gobierno del intendente Mario Barletta. Y lo dejó en un estado de "asombro", según el calificativo que utilizó el secretario de Gobierno de la Municipalidad, José Corral. Los choferes de UTA levantaron el servicio durante toda la noche, ante el fracaso de la conciliación voluntaria y a pesar de un subsidio municipal que ofreció Barletta para contribuir al pago de un aumento que las empresas adeudan a sus trabajadores. Mientras que un grupo empresario anunció que el sábado dejará de operar dos líneas ﷓las números 9 y 15 Bis﷓ que tenía a su cargo por una concesión precaria y desafió al gobierno a prestar el servicio que sostiene a 70 trabajadores y sirve a miles de usuarios de la zona norte. Corral calificó la actitud de los empresarios como una "amenaza" ante la decisión del gobierno de enviar al Concejo Municipal los pliegos del servicio de transporte urbano que se licitará en los primeros meses de 2009.

"No salimos del asombro porque en un momento en que el municipio intenta colaborar con los empresarios para afrontar sus obligaciones frente a los trabajadores, recibimos como respuesta esta amenaza de 'tumbar', como se dice vulgarmente, dos líneas que son las menos rentables", advirtió el secretario de Barletta.

Los choferes de UTA se declaron en asamblea anoche, a partir de las 20, y dos horas más tarde ya no había ningún colectivo en los recorridos. Prometieron reanudar el servicio a partir de esta mañana.

Pero a esto se agregó la decisión de la empresa 7 de marzo de dejar de operar las líneas 9 y 15 Bis a partir del sábado, aunque ofreció al gobierno de la ciudad cederle los colectivos a préstamo durante 90 días para que se haga cargo del servicio que es vital para los barrios de la zona norte. El secretario gremial de UTA, Miguel Arce, advirtió que esta actitud empresaria pone en riesgo las fuentes de trabajo de 70 personas.

La empresa 7 de Marzo comunicó la decisión en una carta al intendente Barletta y la justificó "en razones que son harto conocidas por vuestra gestión porque les han sido comunicadas a vuestros funcionarios de manera constante y consecuente, y obedecen claramente a la deliberada política de desfinanciamiento de las empresas de capital local que usted lleva adelante con fines que seguramente pronto conoceremos", dice la nota. Y enumeró esas "razones": "1) Desconocimiento de la tarifa que correspondía en marzo del corriente cuyo estudio de costo la ubicaba en $ 1,75 (el aumento otorgado la ubicó en $ 1,50 de manera arbitraria y sin sustento). 2) Aumento de las franquicias sin compensación alguna (vg. el boleto universitario). 3) Incremento de los costos que como ejemplo vale mencionar el de los combustibles (de $ 0,42 a $ 0,5948), o el que las unidades de $ 250.000 pasaron a $ 335.000. 4) Los salarios con un incremento de $ 510, condicionados por subsidios que no fueron recibidos, etc. etc.".