El ministro de Gobierno Roberto Rosúa anunció ayer que se endurecerán los controles por la tenencia de armas de fuego. Y si el particular no puede acreditar la tenencia legítima, el arma le será secuestrada y será sancionado con multas. De igual modo, el titular de la cartera política se mostró esperanzado por "el acompañamiento de la acción policial y judicial". De este modo intentó resumir el espíritu de la medida con la que se pretende desarmar a los poseedores de armas de fuego en las ciudades más populosas: en el 2005 en Rosario y Santa Fe se secuestraron 1.339 armas contra 1.107 que se incautaron en 2004. Si el relevamiento se hace por regional, la URI registró 539 armas secuestradas en 2004 y 628 en 2005, es decir, un 16 por ciento más. En la Unidad Regional II con asiento en Rosario, en 2004 se incautaron 564 y en 2005, 711; es decir, un 25 por ciento más.

En el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia se reunió ayer por primera vez en el año el Consejo Consultivo de Seguridad Comunitaria del departamento La Capital, para analizar el tema de la persecución de la tenencia o portación ilegítima de armas de fuego, en el marco de la campaña de "Desarmar a Santa Fe". La junta estuvo presidida por ministro Rosúa, acompañado por el Secretario de Gobierno Walter Gálvez, el Subsecretario de Seguridad Pública Gustavo Peters y el Jefe de la Unidad Regional I, Comisario Mayor Alejandro Forzare.

Rosúa sostuvo que la campaña de "Desarmar a Santa Fe" se ha lanzado hace más o menos dos meses y, en concordancia con ella, la Nación ya está organizando una similar desde el Ministerio de Justicia, de carácter nacional, tendiente también a disminuir la presencia de armas en la sociedad". "Estamos convencidos de que las acciones referidas al desarme de la sociedad, son múltiples, plurales y van desde el aspecto legal al campo cultural", prosiguió el titular de Gobierno.

El titular de la cartera política también afirmó que "se requiere una concientización de la población acerca de la inconveniencia de tener armas en su poder. Todo lo que se haga, contribuye a crear un clima de tipo social contrario a la tenencia o a la existencia de las armas", dijo Rosúa. De igual manera explicó que "vamos a incrementar la actividad policial en la persecución del delito autónomo de tenencia o portación ilegítima de armas. Ya no se trata sólo de que el arma se encuentra o se busca como consecuencia de que es el instrumento que sirvió para la comisión de otro delito".

Según explicaron los especialistas presentes, la intención es aplicar estrictamente lo estipulado en el artículo 189 bis del Código Penal que sanciona diferentes situaciones vinculadas con la tenencia, portación, venta o acopio ilegítimo de armas o materiales para su fabricación. "En caso que se compruebe la existencia de armas, el particular tendrá el derecho de justificar en ese acto si posee la documentación que acredita sea tenedor legítimo. Caso contrario, se procederá al secuestro. Así, la policía estará autorizada plenamente, previo permiso del juez, para realizar el secuestro sin incurrir en posibles nulidades que después traen como consecuencia que se desbarranque todo el procedimiento", explicó Rosúa al diario El Litoral.

La simple tenencia de armas de uso civil sin la autorización implica una contravención. Por lo tanto, es penada por el Código de Faltas con el pago de multas. Pero si de la investigación policial surge que el arma fue utilizada en otro delito, la tenencia se agrava y es penada según lo establece el Código.

Para fundamentar la decisión de intensificar estos operativos, el ministro partió de la base de que la mayoría de las armas en poder de la población es ilegal, y ello no sólo trae como consecuencia la comisión de delitos tradicionales como robos sino también un aumento de los homicidios que a veces se dan por meros enfrentamientos. Rosúa reclamó explícitamente la colaboración del Poder Judicial, que deberá autorizar los respectivos allanamientos para hacer los operativos.