El gobierno provincial presentó ayer una propuesta integral destinado a los damnificados de las inundaciones ocurridas el 29 de abril de 2003 en la ciudad de Santa Fe. El plan consta de tres ejes: lograr una reparación colectiva y de la memoria; ofrece un acuerdo extrajudicial y una reparación económica individual para alrededor de 5000 damnificados que litigaron contra el Estado y cuyos juicios no están prescriptos ni perimidos; y crea una Comisión Pericial de Expertos para determinar la responsabilidad del Estado. "Para nosotros es de vital importancia encontrar una solución, porque estamos convencidos de que la peor enseñanza para una sociedad es pretender que el olvido solucione las cosas. Esto se llama impunidad y se manifiesta como tal en la inseguridad y la falta de paz social", enfatizó el gobernador.

El decreto, firmado por Hermes Binner y la totalidad de sus ministros, incluye la creación de una Comisión de Coordinación Interjurisdiccional, con el objetivo final de elaborar un Programa Integral de Atención a los afectados por el fenómeno hídrico de seis años atrás.

El ministro de Justicia, Héctor Superti, detalló que con esa comisión el gobierno podrá profundizar las acciones si "todos los esfuerzos que se realicen, vinculados al tema inundación 2003, sean coordinados y llevados adelante con una unidad de gestión".

Teniendo en cuenta que hasta la fecha la Justicia no se pronunció sobre la cuestión de fondo, sobre las razones de la inundación y la responsabilidad del Estado, "en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo la respuesta indiscutible es decir: tomemos las medidas necesarias para saber efectivamente qué pasó", aseveró el ministro.

Sobre el acuerdo extrajudicial, Superti precisó que la propuesta del gobierno fue estructurada en tres momentos: "Abrir un espacio de negociación con los demandantes contra el Estado con la firma de un pre﷓acuerdo entre los afectados que deseen incluirse en el programa; un dictamen de una Comisión de Expertos sobre los daños e indemnizaciones reclamados al Estado y la firma final del acuerdo entre el damnificado y el Estado provincial".

Al defender el modelo propuesto, Binner trazó un paralelo con las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. "Fíjese lo que pasa con los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Han pasado treinta años y la gente sigue reclamando justicia, y hasta que no se haga justicia indudablemente estos temas quedan abiertos y no cierran. Hay que buscar una manera de saber. Han pasado seis años desde las inundaciones. Ha pasado mucho tiempo sin resolverse las cuestiones

fundamentales, y para nosotros es una página que hay que cerrar ¿De qué

manera? De la mejor manera posible. Indudablemente encontrar una solución para que al Estado no le cueste nada, para que los damnificados puedan recibir todo, son dos extremos realmente imposibles de lograr. De manera que nosotros creemos que hay que buscar el momento y el acuerdo; solucionar los conflictos. Darle una respuesta a la gente que ha sido castigada por esta situación meteorológica, y creer que hay muchas cosas para reparar, en lo económico, en lo social, y obviamente en la memoria", afirmó.

"Lo que queremos llevar adelante es una reparación histórica, económica y social. El hilo siempre se corta por lo más débil; los sectores más humildes son los que han soportado esta situación y es necesario que recuperemos la integración social para poder salir adelante", agregó.

El gobernador manifestó que la búsqueda de solución "al conflicto económico, social y político generado con las inundaciones de 2003", fue parte de la propuesta electoral del Frente Progresista, y que la solución del problema que hoy se propone "tiene que ver con una coherencia en lo ético y moral de nuestro gobierno alrededor del problema más serio que vivió esta ciudad".