Desde Santa Fe

La resolución del juez Enrique Alvarez (Sentencia 5ª) que rechazó el intento de la defensa de tres ex funcionarios de Carlos Reutemann para volver a foja cero el juicio por la catástrofe del río Salado es una radiografía de la justicia santafesina. Alvarez dedicó casi dos páginas de su dictamen para advertir que las vacantes de dos juzgados de sentencia de Santa Fe -a las que se agregará un tercero en los próximos días- ha provocado una situación "realmente grave" en el fuero, que tendrá "consecuencias nefastas para los justiciables, las víctimas, y en general, para la sociedad que clama por una resolución rápida de las causas", entre ellas ésta que tiene una "gran trascendencia social", dijo.

Alvarez es el cuarto juez que interviene en la causa. En primera instancia, la investigación estuvo a cargo de sus colegas Diego de la Torre (Instrucción 7ª) y Jorge Patrizi (Instrucción 8ª), quien procesó al ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli; al ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y al ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez por "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas" y el año pasado elevó el expediente a juicio, que es escrito y secreto. El caso quedó entonces en manos del juez Mauricio Frois (Sentencia 4ª) hasta que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados lo suspendió en el cargo y abrió un jury que ahora lo investiga por la prescripción de decenas de causas.

Así, Alvarez se tuvo que hacer cargo del juzgado vacante de Frois y, por lo tanto, del juicio por la catástrofe del Salado, donde esta semana rechazó cuatro pedidos de la defensa para anular las indagatorias y el procesamiento de los tres ex funcionarios de Reutemann, la pericia que en su momento ordenó el juez De la Torre y la elevación a juicio dispuesta por Patrizi.

La cantidad de juzgados vacantes y la lentitud del proceso de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura ya detonó varios contrapuntos entre la Casa Gris y la corporación judicial, pero es la primera vez que un juez plantea el asunto en un dictamen judicial.

"El presidente de la Cámara Penal, Sebastián Creus, ha resuelto transitoriamente la cobertura de los juzgados de Sentencia 2ª y 4ª que no tienen jueces titulares a cargo, por lo que posteriormente habría que verificar" quién seguirá el juicio por las inundaciones del 29 de abril de 2003, si Alvarez u otro magistrado. "Esta situación irregular" se complicará aún más "dentro unos días con la jubilación de otro juez" del fuero, Luis Juan Rodríguez (Sentencia 3ª), escribió Alvarez.

"Las vacantes de los dos juzgados (2ª y 4ª) ha incrementado en forma alarmante la cantidad de causas que tienen que tramitar y resolver cada uno de los jueces penales de sentencia que continúan en sus cargos. Y esto es realmente grave, perdón por la reiteración de conceptos, por el retardo en el trámite de los expedientes, lo que derivará en consecuencias nefastas para los justiciables, víctimas y en general para la sociedad que clama una resolución rápida de causas con gran trascendencia social (como la catástrofe del Salado) y otras, en las que simples intereses personales deben tener el mismo amparo respecto a una pronta resolución", dijo el juez.

Y advirtió: "Verificamos que en casos de extrema gravedad, los familiares y víctimas de hechos aberrantes deben peregrinar durante un lapso prolongado para tener el consuelo de una sentencia que les brinde paz espiritual. (Pero) si ese deambular se prolonga durante tanto tiempo, obviamente termina siendo un calvario y una mortificación infinito, donde cada uno debe asumir las responsabilidades en la medida de la función que desempeñe".

"En muchos análisis retóricos se sostiene que la 'justicia lenta no es justicia'", insistió Alvarez. "Y si bien en parte este adagio puede tener algún sustento, no es menos cierto que en causas complejas como la presente la demora es lógica. Amen de ello la logística que se nos brinda, excede en muchos casos la capacidad de los magistrados para dictar una sentencia en tiempo y forma. No con ello hay que dispersar las responsabilidades, pero sí admitir que la sociedad nos reclama, en muchos casos, resultados instantáneos, cuando todo ser humano sometido a proceso debe tener la posibilidad de agotar sus derechos para un correcto escudriñamiento de su conducta. Ello, en casos como el presente lleva un tiempo prolongado, por lo que también debemos hacer conocer a la sociedad las deficiencias que tenemos para que cada uno de los ciudadanos que acude a nuestros Tribunales, sepa que en gran parte la capacidad de trabajo se encuentra al límite.

Por lo tanto, "casos como el presente, donde el 33 por ciento de los juzgados penales de sentencia de Santa Fe se encuentran vacantes y dentro de unos pocos días ese porcentaje ascenderá al 50 por ciento, son parámetros que deben ser conocidos por todos. Y si a ello le sumamos que también transitoriamente los jueces de sentencia nos encontramos a cargo temporariamente de los juzgados de Menores -por resolución de la Presidencia de la Cámara Penal-, evidentemente, el caos en el que nos encontramos sólo lo podemos transcribir en una pocas líneas, pero es suficiente para que tenga algún eco en la sociedad respecto al atraso en el trámite de las causas", concluyó el juez Alvarez.