Finalmente Aguas Provinciales remitió ayer dos escritos al gobierno de Jorge Obeid en los que comunica la resolución de la asamblea de accionistas de disolver la empresa, tomada el viernes pasado, pero no informa sobre la inscripción de esa medida en los organismos pertinentes. Mientras no se concrete esa inscripción en el Registro Público de Comercio, no habrá cambios en la situación del servicio de agua potable y cloacas, por lo que la concesionaria seguirá siendo responsable de la prestación. Por lo pronto, según trascendió, Obeid ya tiene definida la composición del directorio de la sociedad anónima que sucederá a Aguas, nómina que dará a conocer con su presidente en las próximas horas.

Los escritos ingresaron a la Gobernación y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Allí no se informa la concreción del trámite de inscripción de la disolución de la empresa ante el Registro Público de Comercio, que durante enero no atiende por estar en receso. Por esa razón, las notas fueron derivadas a la Fiscalía de Estado, donde se determinará la validez jurídica de esos escritos. De esta manera, hasta la fecha los accionistas mayoritarios no cumplieron con la inscripción de la disolución luego de que decidieran el viernes no capitalizar la empresa negándose al pedido del Estado para que retirara sus reclamos ante el Ciadi. En principio, los accionistas de Aguas de Santa Fe -el Grupo Suez y Aguas de Barcelona- deberían haber informado ayer al Estado provincial sobre la resolución de la asamblea que el viernes pasado determinó la disolución de la empresa luega de su negativa a capitalizarla.

Ayer algunos rumores deslizaron posibilidad que, frente al voto contrario de los trabajadores que detentan el 10 por ciento de las acciones mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP) y el Banco Galicia, se realizara una nueva asamblea con una salida para la empresa provincial. Ese esquema requería además de que el gobierno provincial dejara a un lado sus reclamos para que los accionistas mayoritarios desistan de los reclamos ante el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial, el Ciadi, pero finalmente, nada de ello se dio.

Mientras tanto, el gobierno provincial sigue avanzando en la conformación de la nueva compañía estatal Aguas Santafesinas SA (Assa), conformada por el Estado provincial (51 por ciento de las acciones), los trabajadores (10 por ciento) y, posiblemente, los municipios. El directorio previsto para la nueva empresa estatal estaría conformado entre cinco y siete miembros: un presidente y dos representantes del Estado, uno por los municipios y otro por los trabajadores.

De cara al futuro, la fiscal de Estado, Igmard Lepeniés, prepara las demandas económicas contra el grupo Suez por la forma en que se disolvió el vínculo con el Estado provincial, pero que también podrían ser de carácter penal por la potencial situación de abandono del servicio. Previo a que el Estado provincial se haga cargo de la concesión, el sistema interinamente quedará en manos de José Kertz, titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).