"La recaudación está planchada", dijo ayer el ministro de Economía, Angel Sciara, al confirmar la decisión oficial de postergar por dos meses el plazo para pagar los certificados de obras públicas que, a partir de ahora, se cancelarán a los 120 días y no a los 60 días, como establece la legislación vigente. El ministro negó que la medida implique poner en riesgo "alrededor de 1.000 puestos de trabajo" y elogió la "enorme compresión" de los empresarios del sector porque "no le pueden pedir al Estado lo que ellos mismos no pueden hacer con sus propios proveedores y contratistas".

El ministro confirmó que una de las medidas para amortiguar el efecto fue extender la cancelación de los certificados de obras públicas a 120 días. "La recaudación está planchada", sorprendió el ministro. "El aumento (de las remesas de la Nación a la provincia por impuestos copartipables) en abril de 2009, respecto a abril de 2008, fue de un 5 por ciento. Esto es ridículo, en una economía con un proceso inflacionario con más del 20 por ciento", insistió Sciara.

-Entonces, ¿qué pasa con la obra pública? -preguntó una colega.

-Hay que redifinirla. Estamos tratando de no parar ninguna obra, pero evidentemente hay que reprogramar los pagos a los contratistas para que ellos no vean afectados su propia administración financiera. Este es un juego en el que tenemos que ser claros, serios, responsables y ciertos entre el sector público y el sector privado. Esta es una manera de relacionar lo público con lo privado y hay una enorme comprensión por parte de todos los contratistas que estamos viviendo en un mundo que no es ajeno, ni a ellos ni a nosotros. En consecuencia, exigirle al Estado lo que ellos no pueden hacer por si mismos, me parece un despropósito. En este sentido, estamos muy bien encaminados, tenemos un excelente diálogo y encontramos maneras de poder pasar esta situación complicada de la provincia y el país".

Sciara confirmó entonces la decisión del gobierno de cancelar los certificados de obras públicas a 120 días y no a 60 días, como ocurría hasta ahora. "Esto ha sido producto de una reunión consensuada con los contratistas. Un acuerdo entre el sector público y el privado que estamos todos en un mismo barco que es el país, que estamos todos sufriendo las mismas circunstancias de la crisis. Y que los empresarios no le pueden pedir al Estado lo que ellos mismos no pueden hacer con sus propios proveedores y contratistas", explicó.

-Pero se advirtió que esta reprogramación de los pagos pone en riesgo unos 1.000 puestos de trabajo -le planteó otra colega.

-Eso lo dice usted, a mi no me consta que por esta metodología de pago haya 1.000 puestos de trabajo en cuestión -se molestó Sciara.