El diputado provincial del Frente para la Victoria, Enrique Marín, presentó un proyecto de ley para sancionar a los efectivos policiales que se nieguen a recibir y dar curso inmediato a las denuncias por violencia familiar. Y otra propuesta establece que cualquier profesional que actúa en esta problemática pueda solicitar auxilio del personal policial para los procedimientos, ya sea que su trabajo dependa de una decisión judicial o de otra autoridad estatal. La iniciativa del legislador del departamento General Obligado surgió a partir de la agresión que la trabajadora social Marianela Tourn sufriera el 5 de mayo pasado, en la localidad de Tacuarendí, cercana a Reconquista, cuando atendía una situación de violencia doméstica.

Las iniciativas de Marín reforman las leyes 11.529 de Violencia Familiar, y 12.521 sobre personal policial de la provincia. Los fundamentos del proyecto para sancionar a los efectivos policiales indican que "las organizaciones civiles y las personas que se especializan en el estudio y seguimiento de estos casos mencionan que las negativas, dilaciones y disuasión que padecen las víctimas de violencia familiar en las comisarías se debe a la creencia de que se trata de situaciones privadas o normales".

Al mismo tiempo, el proyecto considera que la existencia de una Ley de violencia familiar en la provincia "desde hace casi 15 años no ha logrado erradicar los patrones de comportamiento sexista en muchos funcionarios que deben actuar de acuerdo al orden legal vigente y sin embargo no lo hacen". Así, en los considerandos, el diputado plantea que es "fundamental no permitir que los funcionarios policiales decidan si reciben o no la denuncia ante la probable comisión de un delito como lo es la violencia familiar" y estima también "que es menester hacer explícito en el Régimen Disciplinario policial que es falta grave negarse, dilatar u obstaculizar las denuncias sobre Violencia Familiar que realicen las víctimas de este flagelo social".

Al mismo tiempo, y en relación directa con lo ocurrido a Marianela Tourn, el legislador consideró: "Mas allá de este caso que despierta justa indignación debemos considerar que la Ley Provincial Nº 11.529 de Violencia Familiar contempla la actuación de equipos interdisciplinarios constituidos por la actuación judicial en los procesos resultantes, ésos equipos realizan sus actividades en situaciones de alto riesgo".

Asesorado por la especialista santafesina en temas de género Silvia Lilian Ferro, Marín propuso la incorporación de un párrafo en la Ley 11.529 (de violencia familiar) que "extiende la posibilidad de solicitar acompañamiento policial cuando los equipos interdisciplinarios así lo requieran en atención a las ponderaciones que dichos equipos realicen sobre los niveles de riesgo físico que puedan presentarse cuando realizan sus actividades inherentes a sus funciones en el marco de la Ley citada". Las propuestas de Marín llevan también las firmas de sus compañeros de bloque Luis Rubeo, Martín Labbe, Graciela Bonomelli y Gerardo Rico.