La polémica por los archivos provinciales que datan de la última dictadura, tuvo esta semana un nuevo capítulo: La fiscal federal Mabel Colalongo consiguió que la Procuración General le enviara un scáner, una fotocopiadora y personal especializado para digitalizar toda la documentación existente en el Archivo Intermedio, a la que sumó una copia digital para el gobierno de Hermes Binner. Pero el Ministerio de Gobierno santafesino le contestó que accedería a fotocopiar con personal propio sólo los expedientes que individualizara la funcionaria federal. La respuesta encierra una paradoja: Cómo saber qué expediente fotocopiar si aún no se ha podido analizarlos. Ante este gesto oficial Colalongo respondió con una nota terminante. Le dio 24 horas a la Secretaría Legal y Técnica de la cartera de Gobierno para que acepte o rechace la ayuda ofrecida.

La polémica se instaló el mismo día que el Procurador General de la Nación Esteban Righi hizo público el tenor de la documentación relevada por la fiscal federal de Rosario. De inmediato la propia vicergobernadora Griselda Tessio cuestionó la importancia de hallazgo, y recordó que ella misma había utilizado parte de esa documental cuando se desempeñaba como fiscal federal. Y reconoció que, al menos en esta administración, los expedientes no habían podido ser analizados y sistematizado por "falta de personal".

En rigor se trata de expedientes compuestos por partes de inteligencia de las distintas fuerzas: policía provincial, Federal, las tres Fuerzas Armadas, la Gendarmería y hasta la Prefectura, y el Servicio Penitenciario Federal.

La primera disputa se dio cuando Colalongo llegó en el mes de mayo al Archivo de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, y pidió fotocopiar los expedientes. Luego de los primeros escarceos, la fiscal regreso a Rosario con la documental, que fue copiada y devuelta con la aceptación de la Directora de esa archivo. Se trataba de un 20 por ciento del total el archivo. En tanto en el Ministerio de Gobierno y la Reforma el Estado que conduce Antonio Bonfatti, está el 80 por ciento restante. Por esta documentación va ahora Colalongo.

Con esta intención la fiscal consiguió que la Procuración General de la Nación comprara un scanner y que además enviara desde Buenos Aires a un profesional que digitalizará la totalidad de la documental. Por si fuera poco, una copia digitalizada le será entregada al Archivo Provincial. También le giraron los fondos para alquilar una fotocopiadora en la capital provincial y los insumos necesarios. Pero se encontró con una curiosa opción ofrecida por el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno : contestó el 22 de junio " que se autoriza al Archivo General a expedir copia simple o legalizada de la documental obrante en este y que le fuera solicitada por la señora fiscal, todo ello en los términos y con los alcances previstos en la ley provincial 10.870 y sus modificatorias, como así también sus normas complementarias, y en particular en el artículo 44 de la referida norma legal. A estos fines y con el objeto de prever y pautar la asignación de recursos humanos y materiales para poder dar acabado cumplimiento a esta tarea en un período prudencial y razonable, deberá en forma previa individualizarse y especificarse las series documentales a fotocopiar. Dichas copias serán extraídas por personal del referido Archivo y en su caso de ser asi requerido serán legalizadas por el funcionario a cargo del archivo público que expida las mismas".

En buen romance, primero hay que decir que es lo que quieren, lo fotocopiamos con nuestro personal y se lo entregamos legalizado. En algún otro trámite podría sonar con algo de lógica, pero si estamos hablando de material que ocupa decenas de estantes, en bibliotecas apiñadas en una pieza de cuatro por cuatro, que nunca fue sistematizada, analizada seriamente, la respuesta carece de lógica. Se asemeja en rigor a una "marcada de cancha" o hasta un freno a las aspiraciones fiscales. El último párrafo de la nota tampoco tiene desperdicio: "Asimismo hágase saber que desde esta Secretaría existe el más amplio y profundo compromiso y ánimo de colaboración con el desarrollo de las funciones y tareas que son de la órbita de competencia de ese Ministerio Público y con la verdad, la memoria y la justicia".

El 3 de julio Colalongo envió un escrito hacia la capital provincial dirigido a la Subdirectora a cargo del Archivo General " para que en un plazo de 24 horas se me informe en qué consiste la colaboración que afirman ofrecer, ya que por lo contrario no solo no han respondido a lo solicitado sino que rechazan los recursos puestos a deposición por la Procuración General".

"Resultando a todas luces evidente la urgente necesidad de contar con la documental obrante en el archivo a su cargo y estando aprobado el alquiler y puesta a deposición de la fotocopiadora necesaria, de un scanner y recursos humanos especializados para digitalizar la documentación y facilitar la consulta contemplando el volumen de la misma, considero que no se dio respuesta a mi ya reiterada solicitud", agrega en su nota la fiscal.

"Ello así, me solicitan la previa individualización y especificación de lo requerido a sabiendas que no puedo contar con un detalle del contenido de la documental en la medida que la misma nunca fue analizada, es por ello que solicito copia de todas las constancias que obren en ese archivo, para como ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, prestar real y comprometida colaboración con las causas de lesa humanidad que se encuentran en trámite en la provincia de Santa Fe, muchas con fecha de inicio de audiencia, como es de público conocimiento" concluye el escrito de Colalongo.