Más de 50 representantes políticos y comerciales de distintos municipios del centro y sur de Santa Fe, junto con legisladores y organizaciones no gubernamentales se reunieron ayer en Rosario para adherir al petitorio que declara inconstitucional el aumento del gas y unirse al recurso de amparo interpuesto por la Unión de Consumidores. Luego de una importante campaña de junta de firmas de consumidores afectados, se decidió llevar el reclamo directamente a la Justicia con la intención de lograr lo que ya obtuvieron cinco provincias argentinas: un amparo judicial contra el denominado "impuestazo encubierto". A quienes ya les llegó la factura con la suba incluida se les recomienda pagar bajo protesto y adherir al amparo nacional para que una vez declarada la eventual inconstitucionalidad del incremento se les devuelva la suma correspondiente.

El encuentro, realizado en el bar El Cairo, fue con la intención de que se derogue del Decreto 2067/08, que habilitó un aumento de entre el 260 y el 340 por ciento para quienes consumen más de 1500 metros cúbicos (categorías R3 3 y R3 4), hasta el 31 de agosto de 2009, al que se agregará la suba a quienes consuman más de mil metros cúbicos a partir del 1º de septiembre. Estuvieron representantes políticos de Casilda, Chabás, Firmat, Roldán, Las Rosas, Elortondo, San Jorge, Villada, Arequito, Los Molinos, San José de la Esquina, Bigand, Arteaga y Armstrong entre otros municipios. También fueron el titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Néstor Trigueros y la senadora nacional Roxana Latorre.

La funcionaria comentó al respecto que "hay un proyecto de ley en el Congreso, que es una acción mancomunada mía y del senador Carlos Reutemann, a través de un proyecto de comunicación, apuntalando todo este movimiento fuerte de la provincia".

"Pedimos que se declare inconstitucional esta medida del gobierno nacional. Esto debería haber pasado por el Congreso", indicó el intendente de Firmat, Carlos Torres.

El jefe comunal dijo estar convencido "que la Justicia nos va a acompañar para que se derogue este decreto que es avasallante de los derechos de los consumidores y realmente impacta a las economías familiares en todas las localidades presentes hoy".

Osvaldo Salomón, jefe comunal de Chabás anunció que desde su localidad se está "proponiendo un paro y movilización para el martes con un acto sobre la ruta 33, con cierre de comercios y bancos para hacer sentir nuestra voz a este avasallamiento a partir del decreto que consideramos inconstitucional, igual que la Defensoría del Pueblo de la Nación, y arbitrario, porque pagaremos más de lo que se paga en Buenos Aires".

Por su parte, el intendente de San Jorge, Enrique Maruzzi recomendó pagar la factura con el aumento, "pero hacerlo bajo `protesto`, para que cuando salga el fallo por inconstitucionalidad se les devuelva el dinero; y porque sino se estaría avalando el decreto. Por eso queremos aunar esfuerzos para derogarlo", dijo Maruzzi.