Con acusaciones sobre supuestos "desmanejos financieros" de la gestión socialista, el bloque justicialista de la Cámara Alta resolvió anoche dar tratamiento hoy al proyecto de Presupuesto 2010 y reforma tributaria aunque con modificaciones. Habría acuerdo en aumentar el impuesto inmobiliario rural así como el urbano y en crear una alícuota para bienes suntuarios. Pero la oposición se resiste a aumentar la carga impositiva a la industria y la construcción, que significaría un ingreso anual de 400 millones de pesos para la provincia. "Si no aceptan este punto no puede haber acompañamiento", adelantó el socialista Juan Carlos Zabalza. Al cierre de esta edición entre los justicialistas no había acuerdo en agregar una sexta cuota de patentes. Otra controversia gira en torno al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco).

Las negociaciones legislativas sobre la reforma se extendieron durante todo el día de ayer en el Senado. Mientras el Ejecutivo sumó argumentos al debate. Por la mañana el ministro de Hacienda, Angel Sciara afirmó que "con el Tesoro vacío es imposible cumplir las obligaciones del Estado" y acusó al PJ de querer desfinanciar la provincia. Los representantes de la oposición no tardaron en responderle. En declaraciones a este diario el senador Alberto Crosetti fue contundente: "Ellos dejaron el tesoro vacío, porque cuando (el ex gobernador Jorge) Obeid se fue había una reserva de 1800 millones de pesos. ¿En qué se gastó todo ese dinero? Hasta ahora no nos han respondido ningún pedido de informe".

Aunque técnicamente la principal traba no es la forma en que se invierten los recursos sino el rechazo de la oposición a gravar con ingresos brutos la industria y la construcción. Zabalza explicó que se trataría de una medida excepcional durante el 2010 en el marco de una fuerte caída en la recaudación.

Aunque en ese punto estará el eje del debate, en otros ítems existen acuerdos parciales. Por ejemplo, el legislador Crosetti se manifestó a favor de ampliar las facultades del Ejecutivo para que utilice el 100 por ciento del FUCO y no el 80 por ciento, en nombre de "la paz social" y "para que el gobierno no tenga un cuello de botella", teniendo en cuenta que parte de esos recursos estarían destinados a pagar sueldos de la administración pública. Pero admitió que en el bloque justicialista no todos están de acuerdo. "Aquellos que participaron en otras gestiones provinciales insisten en que ese fondo nunca fue utilizado así y que es necesario tener una reserva", describió.

Por su parte secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, explicó que aún no sabe cuáles van a ser las modificaciones definitivas al proyecto de ley con lo cual es difícil medir el impacto que tendrán sobre las previsiones formuladas. Pero sostuvo que la mayoría de las provincias utilizan la totalidad del FUCO porque es una forma de financiamiento con interés cero y que "es vital como un reaseguro transitorio, cuando se demora la coparticipación".

A su vez, el funcionario destacó que el gravamen al transporte automotor "es muy importante para los municipios y comunas". "En diciembre de 2008 la provincia les adelantó un dinero correspondiente a una sexta cuota de patentes para que pagaran sueldos y aguinaldos, pero si ahora ese ítem desaparece del proyecto vamos a vernos obligados a descontarles ese dinero", advirtió. Sin embargo algunos legisladores del PJ se resisten porque sostienen que la carga tributaria a ese sector sería excesiva, provocando una disparidad con el resto de la provincias. Más allá de los aspectos técnicos está claro que detrás hay una puja política. Y en ese marco Fernández fue contundente al refutar los cuestionamientos al gasto público: "Nadie nos dice en qué gastamos mal. Por supuesto que los aumentos salariales incrementaron el gasto corriente porque había un atraso total; también transferir a los municipios lo que indica la ley, ya que por los incumplimientos de las gestiones anteriores la provincia tiene 117 reclamos en la justicia", advirtió.

En medio de acusaciones cruzadas esta vez se tratará la reforma tributaria. Y es difícil augurar los resultados. "Nosotros vamos a votar el proyecto tal como salió de Diputados, pero estamos dispuestos a buscar el consenso", afirmó Zabalza. Si el consenso llega se convertiría en ley, sino deberá volver a la Cámara Baja. Y todo el indica que el punto más álgido, relacionado con la suspensión de la exención de ingresos brutos a los sectores productivos, podría ser el obstáculo más difícil de franquear.

Respecto al presupuesto para 2010, Crosetti adelantó que no van a "obstaculizar la aprobación para que no digan que el PJ pone palos en la rueda o que quiere incendiar la provincia". Aunque se manifestó en disconformidad con la reducción de las partidas asignadas a promoción social.