La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió convocar al gobernador Hermes Binner, y al ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Amado Boudou, a una audiencia pública que se realizará el 17 de marzo, en el marco de uno de los tres reclamos por coparticipación al Estado Nacional. En este caso, se trata de la causa "Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad". En el referido juicio, el Estado provincial plantea la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó, sin acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), establecido originalmente por tiempo limitado en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992. Desde Fiscalía de Estado dijeron estar "muy satisfechos" por la notificación de la Corte, ya que Santa Fe será la primer provincia en tener una audiencia.

Según dijeron fuentes de la Casa Gris a este diario, la notificación de la Corte Suprema de la Nación llegó ayer al estudio jurídico en Buenos Aires de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz, patrocinadores del Fiscal de Estado de Santa Fe, Jorge Barraguirre, que decidió recurrir a la Corte al no obtener respuestas por la vía administrativa del Ministerio de Economía de la Nación. Ahora, se espera que la Corte envíe hoy un oficio al juzgado Federal de Santa Fe, que a su vez deberá notificar a Gobernación.

Cabe recordar que la Provincia realizó tres reclamos generales por inconstitucionalidad. Uno que está vinculado a la ley 26.18, que modificó en el año 2006 el impuesto al cheque. Otro reclamo está basado en el fondo creado para financiar la autarquía de la Afip -que siguen su curso y el que plantea la inconstitucionalidad de la ley 26.078 que prorrogó, sin acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la ANSeS.

Pretende asimismo que se declare la plena coparticipación de esos fondos en los términos y porcentajes que a la provincia le asigna la ley convenio vigente, Nº 23.548, por imperio del artículo 75, incisos 2 y 3, y Disposición Transitoria Sexta, de la Constitución Nacional, así como también que se ordene, consecuentemente, la restitución o reintegro de todos y cada uno de los "fondos detraídos" por ese concepto desde la expiración de los Compromisos Federales entre la Nación y las Provincias (31 de diciembre de 2005), hasta la fecha de efectivo pago.

Desde Fiscalía de Estado explicaron que los reclamos de la Provincia son juicios ordinarios donde la Corte funciona como Tribunal de Primera instancia. "El mensaje que está dando la Corte es la idea de sentarse a conversar, porque están detectando que ahí puede haber un problema jurídico, no un problema de tipo político", plantearon.

Además, el reclamo por la detracción puede oficiar como referencia para otras demandas realizadas por varias provincias. "Lo bueno para nosotros es que va a ser el primer caso de coparticipación; ni La Pampa, ni San Luis, ni Corrientes, todavía tuvieron su audiencia", auguraron desde Fiscalía de Estado, satisfechos por la notificación de la Corte.

Entre todos los reclamos, el gobierno provincial pide a la administración nacional unos 4.000 millones de pesos. En el caso que se comenzará a debatir en la audiencia del 17 de marzo, la cifra reclamada, según datos que manejan en la cartera de Economía, rondaría los 1.000 millones de pesos.