El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, le recomendó al ministerio de Economía que realice gestiones ante la Administración Provincial de Impuestos (API), para que se disponga "dividir el pago del impuesto, al menos en todas las partidas que han sufrido incremento, en cuotas mensuales, o de no ser ello técnicamente posible, se establezcan pagos bimestrales". Según el Ombudsman santafesino, el pedido está basado "en las centenares de quejas relacionadas con el reciente aumento del Inmobiliario en la provincia". Además, Bistoletti instó a la dependencia gubernamental que agilice y facilite al máximo posible el trámite para acceder a las exenciones de jubilados, pensionados, y discapacitados y ex combatientes de Malvinas.

Las numerosas quejas recibidas en la Defensoría del Pueblo motivaron un pedido de informes a la API. La regional Rosario respondió destacando que "los avalúos que constan en las boletas datan del año 1993 y, por la mencionada norma, en el caso de los inmuebles urbanos y suburbanos se dispuso un coeficiente uniforme de actualización por tres, además de la aplicación de alícuotas progresivas".

Desde la API también señalaron que "no sufrieron modificaciones quienes, durante el año 2009, tributaron el impuesto mínimo", agregando que "en el caso de los inmuebles rurales, se estableció un incremento equivalente a dos veces lo abonado durante el año pasado". Por otra parte, se informó que el Servicio de Catastro e Información Territorial puede haber ajustado, durante el año 2009, el valor de avalúo por mejoras, lo que llevaría a que, en determinados casos, "el incremento supere las dos veces el impuesto del año 2009".

En este sentido, Bistoletti consideró "obvio que un incremento de esta magnitud ha causado un importante impacto en las finanzas personales de un amplio universo de los contribuyentes que no están exentos o no abonaban el mínimo del impuesto, lo que se ve potenciando por la forma de liquidación y puesta al cobro del tributo que, como es sabido, se produce en cuatro cuotas trimestrales, habiéndose ya emitido dos de ellas, las que vencen en febrero y mayo de este".

Por tal motivo, y para tratar de atenuar el esfuerzo que en muchos casos significa cumplir con las obligaciones tributarias, el Defensor del Pueblo sugirió al Ministerio de Economía que "realice las gestiones necesarias ante la API para que se disponga dividir el pago del impuesto Inmobiliario, al menos en todas las partidas que han sufrido incremento, en cuotas mensuales, o de no ser ello técnicamente posible, se establezcan pagos bimestrales".

Asimismo, el ombudsman recomendó, respecto de las exenciones de jubilados, pensionados, discapacitados y ex combatientes de la guerra de Malvinas, que la API "agilice y facilite el trámite para acceder a las misma para quienes resulten pasible de beneficiarse con ellas". Cabe destacar que, según el informe que la API envió a la Defensoría del Pueblo, están en condiciones de acceder a las exenciones aquellas personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 1946 pesos y reúnan los otros requisitos previstos, tales como vivienda propia y única.