El gobierno de Hermes Binner enviará esta semana a la Legislatura un proyecto de ley para cancelar con bonos dos demandas históricas por más de 110 millones de pesos de policías santafesinos y los bancarios transferidos a la provincia cuando se privatizó el Banco de Santa Fe en el primer gobierno de Jorge Obeid. "Es una propuesta extrajudicial que hemos acordado, que nos parece conveniente y nos permitirá salir de esta situación que viene de larga data", anunció el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre.

Barraguirre informó ayer sobre los acuerdos extrajudiciales entre la provincia y los estudios jurídicos que patrocinan a policías y bancarios en dos juicios millonarios. "Lo que hicimos fue arribar a algunos acuerdos, pero dada la condición del presupuesto provincial que es deficitario y además habría un compromiso plurianual que se estarían tomando, se enviarán esta semana estos acuerdos a la Legislatura para su eventual aprobación. Y si se aprueban, implementarlos", explicó.

Según el fiscal de Estado, "hay consenso" de las partes para cerrar el litigio: "Hay acuerdos firmados con los bancarios transferidos que deberían reformularse en función de la actual situación financiera y del esquema de pago que se propone. Y también hay un compromiso con los letrados de cinco estudios jurídicos que tuvieron a su cargo las demandas del personal policial".

¿Y cuándo debería pagar la provincia? -le preguntó un colega de LT10.

Alrededor de 110 millones de pesos en varios años contestó.

Desde el punto de vista técnico, Barraguirre aclaró que no se trata de "una deuda" porque "aún no tienen sentencia firme" en los Tribunales. "Es una propuesta transaccional para salir de esta situación que viene de larga data y que en líneas generales nos parece conveniente en ambos casos. Y que se logra por la manera en que estuvo litigando la provincia, es decir si los acuerdos pueden ser favorables para la provincia es porque en algún punto la litigación le permite hoy hacer esta propuesta", agregó.

El 20 de abril último, el gobernador Binner firmó el decreto 556 que aprueba, ad referendum de la Legislatura, los "acuerdos transaccionales" con policías y bancarios y autoriza a cancelar la deuda con una emisión de títulos públicos transferibles por un plazo de cuatro a seis años, con un interés del 12 por ciento anual y que podrán ser utilizados para pagar tributos provinciales como el inmobiliario, la patente automotor y el impuesto a los ingresos brutos.

El secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, informó a Rosario/12 que estos bonos "son para responder a demandas históricas del sector policial, también existe algún reclamo semejante de los bancarios. Y en el caso de la policía se propone la aprobación legislativa para hacer frente a este reclamo", explicó Fernández.

"Es el reconocimiento de una deuda y la voluntad de saldarla", planteó en el mismo tono el ministro de Economía, Angel Sciara. "Los reclamos se pagarán en cuotas, según el convenio entre el doctor Barraguirre y los apoderados de los beneficiarios", agregó.

El decreto 556 establece las características que tendrán los bonos que recibirán policías y bancarios: serán amortizables en cuotas trimestrales, iguales y fijas, garantizados por la coparticipación, transferibles y con cotización en el mercado secundario a través de un convenio que se celebrará con la Bolsa de Comercio de Rosario y/o Santa Fe para su cotización.

Los tenedores los podrán utilizar para pagar impuestos provinciales anteriores a diciembre de 2007 y "para garantizar un importante mercado secundario se posibilitará la transferencia sin limitaciones de los títulos a terceros para imputar al pago del impuesto inmobiliario, patentes automotor y el impuesto a los Ingresos Brutos", aunque "en este caso, se limitará la transferencia para que no se produzca un impacto no deseado en la recaudación".

La oferta de pagar la vieja deuda a los policías con títulos públicos transferibles ya fue cuestionada por el líder del gremio Apropol, Miguel Zalazar, quien la consideró "una patada en el traste" y le pidió a los legisladores del Partido Justicialista que rechacen la iniciativa del Poder Ejecutivo.