Una cantidad de expedientes que contienen los datos de bebés nacidos con sus madres en cautiverio durante la dictadura militar, o bien de quienes echó mano la Policía de Menores después del asesinato de sus padres, o de algunos de ellos en uno de los momentos más terribles del terrorismo de Estado, se encuentran en el juzgado de Menores Nº 2 de los Tribunales provinciales. Esos registros no llegaron, todavía, a las manos de quienes trabajan en la investigación histórica para reunir elementos probatorios de cada uno de los hechos que forman parte de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona de acción del Segundo Cuerpo de Ejército, en especial en Rosario. Muchos de los expedientes corresponden a chicos que fueron restituidos a sus familias en situaciones que ya son públicas, otros deberán estudiarse para determinar si corresponden al origen recién mencionado, pero todas las tramitaciones pueden dar pistas para la reconstrucción histórica de la que fue la supresión de identidad y la apropiación de los chicos en la Argentina en el período que va, sobre todo, entre 1976 y 1980. Por otra parte, existen casos de niños NN que además de pasar por el ámbito policial, desde donde eran derivados al juzgado, fueron llevados antes al Hogar del Huérfano de Rosario. Al menos dos de esos expedientes, que corresponden a bebés de quienes no se conocía nombre y apellido desaparecieron, no pudieron encontrarse y puede presumirse que fueron destruidos en virtud de la ley que lo permitía. El listado que comprende cada uno de los casos llegó a la Unidad Fiscal de Asistencia para las causas de Derechos Humanos que funciona en el edificio de los Tribunales Federales de Rosario, una instancia que deberá decidir cómo contar con la información contenida en esos escritos y también con aquella que seguramente existe puertas adentro del juzgado de Menores Nº 1 que estuvo a cargo de Jorge Zaldarriaga, secretaría de Juan Leandro Artigas. Justamente Artigas pasó a ocupar la titularidad del Nº 2, en reemplazo de Clotilde Cariello, en 1980.

Varios de los nombres y apellidos de los niños cuyos expedientes permanecen en el juzgado de Menores Nº 2 de los Tribunales provinciales de Rosario -durante los años de plomo, el fuero contaba con sólo 2 juzgados , corresponden a niños y niñas hijos de víctimas que pasaron por el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario aunque no todos fueron asesinados allí. Así están los legajos de Mariana y Josefina Victoria González, hijas de Ruth González y Dardo Tosetto, ambos asesinados, mientras las chicas fueron criadas por su tía abuela; el de Federico Irurzún Bolatti, hijo de Hugo Irurzún y de María Cristina Bolatti, también muertos y el chico criado con la abuela paterna, Ada C. de Irurzún; la carpeta que contiene los datos de María Lucila y Jorge Francisco Santillán, hijos de la pareja compuesta por Carlos Benjamín Santillán y María Cristina Lanzilotto, ambos muertos; las actuaciones respecto de Karina Eva Josefina y Juan Pablo Tripodi, hijos de Daniel Adolfo Tripodi y de Myriam Nencioni, entregados a su abuelo paterno.

También está el expediente de María Paula y Pablo Luis Catena, hijos de Mario Luis Catena y Stella Maris Báez, quienes muerto su padre fueron a vivir con su madre en Corrientes; el de Mariana, Carolina y Cristina Inés Bettanin, hijas de Leonardo Bettanin, asesinado, y de María Inés Lucchetti; el que corresponde a la entonces niña Paula Maggio, hija de Roque Maggio y de María Adriana Es, entregada a su abuelo paterno, Roque R. Maggio; la carpeta de Bárbara Tosi, hija de Clotilde Rosa Tosi, quien fue entregada cuando era bebé a su tía; la de Martín Fernando Bravo Ferreira, hijo de María Irma Ferreira y de Omar Fernando Bravo, los dos muertos en un bombardeo a su casa en Rosario en enero de 1977, mientras que el niño fue entregado a su abuelo materno y criado por su tía María Susana Ferreira; el escrito que contiene los datos de Fernando Javier y Vanesa Verónica Dri, hijos de Jaime Dri, quienes fueron entregados a una tía y hoy viven con su padre, único sobreviviente de la quinta de Funes. También se encuentra el expediente de Ximena Vicario, hija de Juan Carlos Vicario y Stella Maris Gallichio, quien recuperó su identidad alrededor de los 13 años en un difícil proceso.

Hay otros expedientes cuyos casos son menos conocidos, entre ellos el de Noemí Norma Blanco y Miriam Mabel Ferroni, el de Alejandro y Marco Ruggero, el que está caratulado como Gabriel Pajón sobre abandono, el de Felipe Manuel Galuppo y el de Julia Dalila Delgado, cuyos padres desaparecieron en el centro clandestino de detención La Perla. La mayoría de las causas de los pequeños llegaron al juzgado desde Policía de Menores en 1976 y 1977 -donde se desempeñaba Leila Perazzo, quien más tarde sería nombrada titular de Asuntos Internos de la policía y por último jefa de la fuerza en la provincia de Santa Fe, por decisión del gobernador Jorge Obeid , desde el Hogar del Huérfano o desde alguna seccional policial.

En el mismo juzgado Nº 2 se realizaron las actuaciones respecto de la niña NN/María Inés y también de un niño NN, hijo de Cristina Sandoval. Ambos fueron dados en guarda, transformada luego en adopción, pero no se encuentran los expedientes de ninguno de los dos. En todos los ámbitos donde se siguen estos temas se tiene la fuerte presunción que estos no fueron los dos únicos niños que llegaron sin identidad conocida.

Complicidades

Los abogados Ana Oberlín y Lucas Ciarniello, que patrocinan a una parte de quienes se constituyeron en querellantes por los delitos de lesa humanidad, señalan que desde Abuelas de Plaza de Mayo "y por la experiencia recogida en todo el país, se puedo ver que tanto los jueces de Menores de las distintas circunscripciones como los operadores judiciales tuvieron distintos comportamientos". Hubo magistrados que estuvieron y están investigados por dar en adopción a niños que llegaban a los juzgados luego de operativos represivos, militares o policiales, o que eran hijos de mujeres de quienes se sabía que habían dado a luz en cautiverio. "En cambio hubo otros jueces y operadores de la Justicia que hicieron correctamente su trabajo", dijo Oberlin a Rosario/12 y esa corrección, explica la abogada, consistía en agotar todas las instancias para averiguar la procedencia y el origen biológico de ese chico para restituirlo a su familia. Para ello se apelaba a la publicación de fotografías, a dar a conocer el caso por medios televisivos o se buscaban otras acciones con las que se pudiera buscar ese resultado.

Desde la organización Abuelas se investiga y se solicita que se impute a algunos magistrados por la supresión de identidad. Entre esos casos figura el de una jueza de la provincia de Buenos Aires de apellido Pon, el juez de Santa Fe Luis María Vera Candioti, en el caso de María Carolina Guallane. "Y existe una experiencia cercana y para nosotros muy clara, -explicaron Oberlin y Ciarniello-, que es la del juez Juan Carlos Marchetti, de San Nicolás". Los dos abogados representan a las Abuelas constituidas como querellantes que junto con la fiscalía a cargo de Juan Patricio Murray intervienen en el caso en el que una de las víctimas es Manuel Gonçalvez a quien también representan. Aquí se pidió la imputación de Marchetti, de otro juez que es Juan Delfín Castro y de dos asesores de menores, Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina por negarle a Gonçalvez su derecho a saber quién es.

Cuesta creer, a menos que se piense en una decidida complicidad o bien en la desidia que tenía el mismo resultado, que desde el lugar de quienes tenían información imprescindible no hubiera una presentación espontánea, por fuera de cualquier formalidad, para aportar elementos en la investigación del genocidio y sus acciones paralelas. Para comprender con precisión el papel que jugaban los jueces de Menores, ayuda recordar cuáles fueron las aristas del caso Gonçalvez: el 19 de noviembre de 1976 hubo una verdadera masacre en un barrio de la ciudad bonaerense de San Nicolás. Allí estaba la madre de Manuel, Ana María del Carmen Granada y tenía consigo al niño documentado como Manuel Valdés, ya que era perseguida desde tiempo atrás. El padre del chico había sido secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976. Ana María era alojada por el matrimonio Amestoy Fetolini quienes tenían dos hijos de 3 y 5 años, Eugenia y Fernando. Todos fueron asesinados, también los niños y Manuel Gonçalvez fue el único que sobrevivió. En la terrible historia existen dos causas judiciales: una tiene que ver con la guarda, la entrega en adopción y la supresión de identidad del pequeño, ya que las cuatro personas citadas -Marchetti, Castro, Magni y García Cortina , no sólo no hicieron lo que debían para ubicar a sus familiares sino que también obstaculizaron la búsqueda por parte de quienes querían dar con su paradero. La otra causa tiene que ver con la masacre en San Nicolás. El expediente que contenía todo lo relativo a este caso también desapareció del juzgado, pero un empleado judicial accedió a esos escritos, sacó fotocopias, las guardó, y las entregó más de 20 años después para que pudiera realizarse la reconstrucción histórica y comprobarse las irregularidades cometidas para dar a Manuel en adopción. También el libro del juzgado en el que se anotaban los expedientes formalizados tenía arracada la hoja en la que debía constar el registro de Gonçalvez. "Miradas todas las irregularidades cometidas se puede concluir en que hubo un accionar doloso", dice Oberlin, si bien tanto ella como Ciarniello y Abuelas siempre fueron "conscientes de que la imputación del juez luego se desempeñó en Instrucción , era bastante difícil de lograr". Hace poco, el 3 de febrero pasado, el juez Federal Carlos Villafuerte Russo, sin indagar siquiera a Marchetti, dictó su sobreseimiento junto al de las otras personas. Tanto la fiscalía como Abuelas apelaron la decisión judicial.

Ciarniello señaló que "Villafuerte Russo utilizó un argumento perverso para el sobreseimiento cuando a lo largo de toda la resolución sostuvo que la primera responsable en la supresión de identidad fue la madre de Manuel al cambiarle el apellido en su documento. Nosotros estamos convencidos de todo lo contrario, -explicó el representante de Gonçalvez-, porque ella buscó salvar la vida de su hijo y preservarlo para estar juntos". Los abogados de Abuelas presentaron la apelación ante el juzgado nicoleño el 11 de febrero "pero Villafuerte Russo no mandó de inmediato el expediente a la Cámara sino que lo envió dos meses después, una prueba de su mala voluntad y además le fue devuelto porque no estaba bien notificado". En concreto ese expediente no está todavía en la instancia que supone la Cámara Penal.

¿Qué mirada tienen respecto de los expedientes citados y que se encuentran en uno de los juzgados de Menores de Rosario, aunque es fácil suponer que también los habrá en el Nº 1? Además hay magistrados y empleados que aunque retirados están al tanto de muchísimos hechos? -dijo este diario a Oberlin y Ciarniello.

-En los juzgados de este fuero, más allá de que surjan o no elementos que vinculen a los magistrados, secretarios u otros operadores judiciales con hechos delictivos, es muy importante acceder a toda la información que posean, porque pueden aportar nuevos elementos que sirvan para la investigación de los hechos. El comportamiento de algunos sectores del Poder Judicial también da para pensar en cómo se dio la dictadura cívico militar, ya que sin la participación de algunos sectores con mucho poder, habría situaciones que no se hubiesen podido sostener.