Los abogados que defienden al suspendido juez federal de Reconquista Eduardo Fariz en el juicio político al que está siendo sometido advirtieron que una eventual destitución significará la "anarquía, el desgobierno y la libanización de todos los tribunales federales de la Nación". Los abogados Oscar Vignale y Pablo Jacoby descalificaron las acusaciones en contra de Fariz, e insistieron en que su actual situación ﷓está suspendido y al borde de la destitución﷓ es consecuencia de una maniobra de la gremial de los judiciales.

Según los alegatos de la defensa, entregados al tribunal, los letrados sostuvieron que "de las probanzas testimoniales y documentales surge nítida la inexistencia de comisión de delito y también queda evidente que Fariz no ha incurrido en mal desempeño".

Para ello, apelaron a una minuciosa refutación de los cargos e hicieron especial hincapié en dos: el presunto "acoso laboral" contra empleados y la muerte del policía Claudio Capdevilla, ocurrida tras la excarcelación de un procesado por narcotráfico al que el agente había detenido.

Sobre el caso del policía, los abogados destacaron el informe judicial que sostiene que se suicidó y que, además, Fariz no firmó la excarcelación puesto que estaba de licencia por enfermedad. Asimismo, rechazaron que Fariz hubiera digitado la designación del juez subrogante que firmó esa resolución argumentando que podía haberlo hecho sin necesidad de fingir una enfermedad, pues para esa misma época se había conocido el fallo que excarceló a Omar Chabán, y su defendido podía haber seguido esa doctrina.

En cuanto a la causal de "acoso laboral", una de las principales que pesan en contra de Fariz, negaron que se hubiera producido tal situación y advirtieron que "cualquier rumor potenciado deliberadamente y con astucia a través de los medios de comunicación social acabaría con la carrera de cualquier juez de la Nación".

Fariz aplicó sanciones a sus empleados, labró sumarios administrativos, rechazó ascensos y promovió otros, pero, según sus abogados, lo hizo en el marco de las facultades que le permitía el cargo de juez. "Si un juez no puede realizar indicaciones a un empleado de tipo correctivo, si no puede iniciar un sumario administrativo so pena de ser tildado de perseguidor, si no puede decidir a quién promover a cargos superiores, si no puede negar un licencia injustificada... convendría aceptar y rendirse ante la voluntad y el dictado de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y de los empleados y funcionarios insatisfechos", embistieron.

"Si triunfa esta capacidad de reproche sobre el Magistrado, en la que hasta el ordenanza se permitió proferir opiniones de envergadura sobre su juez, tenemos la íntima convicción que se avecina un período de anarquía, de desgobierno y de libanización de todos los tribunales federales de la Nación", concluyeron.

El Jurado de Enjuiciamiento anunciará su decisión sobre Fariz el 6 de marzo próximo.