El ministro Antonio Ciancio no pudo levantar ayer en la Cámara de Diputados las impugnaciones del arco opositor por la adjudicación directa de la autopista Santa Fe Rosario a una sociedad anónima que integran Supercemento y Edeca. Tenía una posibilidad: entregar una copia del expediente donde se tramitó el contrato, pero llegó con las manos vacías. Y una excusa: "El expediente está en el Tribunal de Cuentas", dijo a pesar de que su colega Antonio Bonfatti había prometido a diputados de la UCR que Ciancio iría a la Legislatura con los papeles a la vista. El supuesto olvido enojó aún más a los legisladores del PJ que ya estaban molestos porque la última vez que Ciancio estuvo en la Cßmara, el 10 de marzo, les había dicho que se terminaba la concesión de Aufé y la provincia se haría cargo del corredor. Pero después hizo otra cosa. "A nadie le gusta que lo tomen por estúpido", le reprochó el diputado Luis Rubeo. Ciancio justificó la contratación directa del consorcio vial en razones de "urgencia", pero el PJ lo consideró un "acto viciado de nulidad" y reclamó al gobernador Hermes Binner que revoque el decreto 1034 y la provincia asuma la explotación de la autopista, hasta tanto se licite un nuevo concesionario. El proceso ya está en marcha: Ciancio dijo que ya se vendieron cuatro pliegos y que la presentación de ofertas fue postergada hasta el 18 de agosto.

El paso de Ciancio por la Legislatura fue tortuoso. El ministro delegó en sus colaboradores entre ellos el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano el intento de explicar la adjudicación directa de la autopista. Pero no le alcanzó. Las impugnaciones de los legisladores del PJ lo dejó sin respuestas. Los cuestionamientos fueron tan duros que el socialista Raúl Lamberto apeló a chicanas y provocaciones para frenarlos, sin éxito. El cruce ya había espantado a los legisladores de la UCR que de a poco se fueron yendo del despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina. Mientras que otros diputados oficialistas del ARI, el PDP e incluso del mismo socialismo optaron por no abrir la boca.

Uno de los momentos más tensos fue cuando el diputado Mario Lacava pidió una copia del expediente. "¿Lo podemos ver?", preguntó. "Está en el Tribunal de Cuentas", se disculpó Ciancio.

¿Usted no trajo una copia? ¿Hay algún dictamen jurídico que justifique la contratación directa? ¿Podemos conocerlo? Porque usted vino a la Legislatura invitado por ese tema le recordó Lacava.

Ciancio no contestó. Di Pollina intentó apaciguar los ánimos y prometió pedir una copia al Tribunal de Cuentas. El ministro solicitó a otro de sus acompañantes y director de Asuntos Jurídicos de su cartera, de apellido Galimberti, que explique la ingeniería legal.

Pero Lacava lo volvió a cruzar. "Esta es una reunión para aclarar las cosas. El Estado funciona, nos guste o no, con expedientes, con papeles. Tenemos conocimiento de que el expediente tenía siete hojas hasta que el gobernador firmó el decreto. Y cinco días después, 240 hojas. ¿Es así?", preguntó.

El ministro tampoco respondió y Di Pollina insistió con el mismo latiguillo: "Vamos a pedir la copia del expediente".

"Yo voy a probar acá retrucó Lacava que el expediente tenía siete hojas antes de que Binner firmara el decreto y después tenía 240 hojas. Eso indica que hay actuaciones posteriores para justificar un acto jurídico del Estado. Y eso es muy grave. Porque si es así, estaríamos hablando una debilidad absoluta".

Lamberto metió otra chicana. "¿Cuántas hojas tenía el expediente cuando entró al Tribunal de Cuentas: siete o 240?", se burló.

No lo sé, diputado. Porque no tenemos el expediente. Es lo que vine a preguntar le respondió Lacava. "Queremos saber: ¿qué pasó acá? Porque hay una contratación directa que es ilegal, que debe dejarse sin efecto y el Estado debe asumir la concesión hasta que se licite porque es ilegal", insistió.

Galimberti le aclaró que el expediente tiene 252 folios. "¿Y por qué no trajeron una copia? Si el motivo de esa reunión era esa", planteó el diputado Jorge Lagna.

Ciancio dijo que la reunión de ayer era "para contestar trece preguntas del diputado Rubeo. Si también era para el análisis del expediente, hubiéramos hecho otra cosa", se defendió. Y Lagna lo volvió a cruzar: "La reunión era para dar explicaciones de un supuesto acto ilícito de su cartera, no trece preguntas. Me parece insólito lo que usted plantea. Nosotros creemos que la contratación directa es un acto ilícito. Y venimos a pedir explicaciones sobre eso", dijo. Incluso, Rubeo aclaró que una de las preguntas indagaba sobre el respaldo jurídico de la adjudicación directa de la autopista.

Galimberti intentó entonces fundamentar la contratación directa. Pero mandó al frente a Ciancio. "Seis días antes de que termine la concesión (el 28 de junio) llegó el expediente para dictamen. Y la decisión del ministro era hacer una contra...", dijo el funcionario sin terminar la frase. Y agregó: "El ministro solicitó si se podía tercerizar (la autopista). Nosotros dijimos que sí, basados en esta ingeniería legal que se armó para esta contratación directa. Y en eso está basado todo el expediente. Ustedes lo pueden corroborar con el decreto".

Rubeo le aclaró que una de las normas que había mencionado, "ley 11.157 se hizo para prorrogar la 10.798 que adhería a la ley Dromi. Quiere decir que al finalizar la concesión, la ley 11.157 caduca. Lo que implica que debería haber una nueva ley sancionada por la Legislatura". Por lo tanto, "estamos hablando de una ley que no existe. Está haciendo una argumentación jurídica de un acto viciado de nulidad".

Otro de los funcionarios que secundaba a Ciancio explicó que la contratación directa fundada en "razones de urgencia" se ajustaba a la ley. "El Tribunal de Cuentas dictaminará si esto es legal", dijo el subsecretario legal y técnicó, Juan Carlos Cardona.

O la justicia lo corrigió Lagna.