La Corriente Clasista y Combativa (CCC) levantó ayer el acampe de la plaza Pringles, después de 16 días que incluyeron duros cruces entre provincia y municipio. La medida, que había sido montada para reclamar la implementación del plan Argentina Trabaja en la ciudad, finalizó ayer al mediodía, tras una asamblea que determinó por unanimidad despejar ese espacio público, ante la decisión política del gobernador Hermes Binner de solicitar a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner -mediante una carta-, una audiencia para tratar el tema. En tanto, el intendente minimizó las diferencias con el gobernador, pero no las negó.

El conflicto, que parece comenzar a solucionarse, tuvo su punto de ebullición cuando el gobierno municipal se paró en la vereda de enfrente de la gobernación. Hace dos semanas, la intendencia inició acciones legales contra el líder del movimiento, Eduardo Delmonte, con el argumento que "el acampe prohíbe la libre circulación y destruye el mobiliario público"; mientras que el gobernador advirtió que "hay que valorar la necesidad y los derechos a protestar". Anteayer, los cruces entre Binner y el secretario de gobierno local, Fernando Asegurado, subieron el tono, y fue el propio Miguel Lifschitz quien puso paños fríos: "A veces puede haber alguna mirada coyuntural o distinta sobre un tema. Pero, no hay diferencias políticas ni de conceptos", aclaró el mandatario local sobre la relación municipio-provincia.

Para Delmonte, "el gobernador tomó una decisión muy acertada", que fue apoyada por el intendente, quien de todos modos aclaró que "hace años que el municipio implementa planes de trabajo en cooperativas". Según indicó a este diario el líder del movimiento, el municipio se comprometió "a darle continuidad por otros tres meses a los 600 puestos de trabajo en cooperativas, que incluye un aumento de pago de entre el 20 y 30 por ciento". Además, la provincia revisará "la posibilidad de incorporar más gente en otros puestos de trabajo genuino, que puedan ocupar mujeres, porque conforman el 70 por ciento de la organización", dijo Delmonte.

A modo de balance de la protesta, aseguró que "no se puede decir que los problemas no existen, cuando en la tercera parte de la ciudad hay miseria y hambre". Luego disparó contra el municipio: "Los que emprendieron el camino de la judicialización de este reclamo sabrán que es un camino sin retorno". En cambio, calificó como "muy oportuna la posición del gobernador".

Luego que Binner defendiera anteayer el reclamo de la CCC, Asegurado salió a criticar a la administración provincial y disparó que "si hay problemas estructurales como la pobreza y la desocupación, la provincia tendrá que intervenir, ya que cuenta con recursos para brindar soluciones". Como respuesta, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Pablo Farías, dijo a Rosario/12: "Nosotros tenemos la posibilidad y los recursos para brindar ayuda con alimentos, de manera mensual, para estas familias; pero la Nación tiene previsto más de 2 mil millones de pesos para implementar el Argentina Trabaja, de los cuales más de 100 millones de pesos corresponderían a Santa Fe. Son recursos que no tenemos en la provincia".

Farías detalló que se espera "una respuesta rápida al pedido del gobernador; mientras tanto, la semana que viene, con varias organizaciones, provincia y municipio" armarán un petitorio general para llevar a la audiencia.

Lifschitz prefirió bajar los decibeles, y ayer apuntó que "todo reclamo por trabajo o por mejoras de condiciones sociales es legítimo". Y agregó: "Nosotros tenemos la voluntad y la decisión de atender esas situaciones hasta donde las posibilidades nos lo permitan. Los procesos de mejora en este aspecto son progresivos y necesitan procesos ordenados para poder concretar y afianzar las conquistas", dijo a Canal 3.

Sin embargo, el intendente no negó las diferencias. "Puede haber un matiz distinto entre lo que dijo el secretario de Gobierno y el gobernador".