El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, recibió ayer un documento firmado por 32 querellantes y denunciantes de crímenes de lesa humanidad que pidieron mayor celeridad en las causas que investiga el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, y se impute el delito de "homicidio" a los responsables de la represión ilegal en los '70. El escrito fue acompañado por una lista incompleta de 69 víctimas del terrorismo de Estado ejecutadas, en muchos casos, con un "tiro de gracia", según pruebas recolectadas por la Conadep, el Archivo Nacional de la Memoria y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Lorenzetti concedió la audiencia en un paréntesis de la Conferencia Nacional del Jueces que cerrará hoy a las 10.30 ante unos 500 magistrados de todo el país que participaron en las deliberaciones, entre ellos el propio doctor Rodríguez.

"Venimos a denunciar la paralización de las causas, la falta de imputación por homicidio a los responsables a pesar de los casi 70 crímenes acreditados en Santa Fe, Rafaela, Esperanza y Santo Tomé en la década del '70, las constantes amenazas sin esclarecimiento oficial que sufren autoridades judiciales y denunciantes", dijo el abogado Jorge Pedraza, uno de los firmantes del documento.

"En la ciudad de Santa Fe y alrededores se llevan contabilizados casi 70 asesinatos de víctimas del terrorismo de estado en el marco del plan de exterminio y genocidio que sufrió nuestro país", dice el escrito. "Los testimonios obrantes en la Conadep y en el Archivo Nacional de la Memoria y los restos examinados por el Equipo Argentino de Antropología Forense determinaron que las víctimas presentaban los tiros de gracia propios de las ejecuciones".

Pero a pesar de eso, las causas por violaciones a los derechos humanos "avanzan muy lentamente en Santa Fe, donde sólo hay ocho procesados y detenidos, la mayoría de ellos con prisión domiciliaria y sin que hasta exista algún indagado o procesado por homicidio. En verdad la Justicia Federal de nuestra ciudad se encuentra amenazada, con querellantes y denunciantes hostigados de diversas formas, desde la amenaza de muerte hasta seguimientos denunciados judicialmente".

En ese sentido, recordó que el domingo 20 de marzo a la noche, un grupo no identificado dejó en las puertas de la emisora LT10 Radio Universidad un féretro con restos humanos y un mensaje amenazante para el juez Rodríguez, quien el día anterior había citado a indagatoria para el 5 de abril "a los tres principales responsables de las violaciones a los derechos humanos en Santa Fe": el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón; el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y el ex jefe del Servicio de Informaciones de la Policía, comisario Carlos Osmar Rebechi, ya fallecido.

A esto se sumaron "las amenazas de muerte y seguimientos" a los ex detenidos desaparecidos Daniel García y Alba Sánchez ﷓que identificaron un centro clandestino de detención en San José del Rincón﷓ y Amalia Ricotti, en ambos casos por sus denuncias de secuestros y torturas ocurridas en 1978 y con imputados comunes. Pero a pesar de haber transcurrido más de un año de estos hechos, ninguno ha sido esclarecido por la autoridad correspondiente, aún cuando en los últimos meses hubo nuevos seguimientos y provocaciones que fueron de público conocimiento".

"Nos llama poderosamente la atención que aún no hayan sido indagados los ex jefes de Area 212, coronel José María González (desde 1975 a noviembre de 1976) y coronel Juan Orlando Rolón (ex jefe de Inteligencia del II Cuerpo hasta noviembre de 1976 y luego al frente del Area 212)", dice el escrito. "Pero mayor extrañeza nos causa que no se imputen los delitos cometidos en la masacre de la familia Cortassa, tanto en la supresión de identidad de María Carolina Guallane﷓Paula Cortassa como en el homicidio de sus padres biológicos Enrique Cortassa y Blanca Zapata; como así en la masacre de los conscriptos desaparecidos en la ciudad de Santa Fe, Francisco Domingo Lera, Roberto Daniel Suárez y Edgardo Luis Ferreyra".

"Desde el año 2002, cuando el juez Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, lo que oportunamente destacamos por ser el tercer fallo de este tipo en el país, obra en la causa un listado completo (de represores) del Destacamento de Inteligencia 122 aportado por el Ejército a pedido de la parte querellante. Entonces, no entendemos por qué no se indaga a los mencionados por víctimas que declararon en la causa, como los casos de los coroneles Julio César "Potín" Dominguez y Héctor Melitón "Nolo" Martínez".

"No entendemos por qué si dos querellantes (García y su esposa, Alba Sánchez) denunciaron una casaquinta de Villa California donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura y la reconocieron desde el exterior en una constatación judicial hace más de un año, aún hoy no se ordenó producir la pruebas ofrecidas especialmente las testimoniales de inquilinos que vivieron en una época posterior para acreditar la descripción de la casa" antes de las reformas edilicias.

"No le encontramos otra explicación a tantas demoras y omisiones que no sean las amenazas y atentados descriptos, como así también la existencia de funcionarios reciclados en democracia en nuestra provincia y que siguen ocupando altos cargos a pesar de haber revistado, en algún caso, en el año 1982, en el Batallón 601 de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionó la Central Nacional de Inteligencia del Ejército durante el Proceso, o de otros represores que se ascendieron en la Policía o se acomodaron en cargos públicos".