Tomás es un niño de 5 años que padece síndrome down, y no tiene cobertura médica. Dos empresas de medicina prepaga se negaron a afiliarlo, pese a la normativa nacional que regula el funcionamiento del servicio. Este no es el único caso, según denunció la diputada provincial por el GEN, Mónica Peralta, quien elevó un pedido de informes al Ejecutivo provincial para averiguar cuál es el criterio que adopta la Superintendencia de Servicios de Salud ante situaciones de este tipo; cuáles son las formas a través de las cuales se garantiza el cumplimiento de los deberes y prestaciones médicas de las obras sociales y prepagas; y cuáles son las sanciones que se implican ante este incumplimiento. "Quienes más necesitan los servicios de salud son los más perjudicados a la hora de solicitar la afiliación y recibir atención médica sin tener que pagar extras", reclamó la legisladora. Además, adelantó que presentará un proyecto en la Legislatura santafesina para que todos los usuarios de prepagas tengan conocimiento de sus derechos, y no se "desayunen con sorpresas" cuando la prestación que necesitan es urgente.

Como el caso de Tomás "hay cientos", aseguró la diputada en diálogo con Rosario/12, y lamentó que haya que llevar los casos a la Justicia, cuando "hay una normativa al respecto, y debería haber más controles". Acusó que "la mayoría de las prestadoras de salud incumple de alguna manera la ley" sancionada este año a nivel nacional, que regula el servicio de las prestadoras, y que "no cuenta con ningún tipo de impedimento para que una persona ingrese al sistema de medicina prepaga".

Ante la preocupación por la seguidilla de casos, Peralta comenzó a trabajar en una iniciativa que buscará que "todos los usuarios tomen conocimiento tanto de los alcances de la ley, como de sus derechos de beneficiarios de una medicina prepaga", porque "las prestadoras juegan con la falta de conocimiento o situaciones de vulnerabilidad, en algunos casos". Según indicó "situaciones de este tipo por parte de las obras sociales o medicinas prepagas abundan y no sólo afectan a las personas que tienen alguna discapacidad o enfermedad, sino también a los adultos mayores. Hay muchísimo manoseo a la hora de recibir una respuesta".

La legisladora basó su "preocupación" en los pacientes críticos, pero también en los ambulatorios, que "muchas veces terminan pagando extras en sus estudios médicos o un plus de atención que no corresponde". Agregó que muchas veces, cuando los efectores, laboratorios o centros de diagnóstico privados solicitan un monto extra para realizar determinada práctica, no entregan ningún comprobante a los usuarios como para que estos puedan reclamar un reintegro en su obra social o prepaga. En ese sentido, aconsejó que se exija un ticket, factura o recibo por el dinero abonado en estos casos.