El abogado santafesino Rubén Lucas Saurín, hijo del ex juez Rubén Saurín --acusado de alterar un medidor de la Empresa Provincial de la Energía en 2009-- presentó un certificado de su padre como si fuera suyo para tener más puntaje en un concurso para Fiscal del Ministerio Público de Acusación. Sin embargo no pudo engañar a la Justicia porque el documento que supuestamente avalaba su presencia en las jornadas de entrenamiento y capacitación en litigación oral, que dictó el Centro de Capacitación Judicial hace tres años, era únicamente para jueces. Tras comprobar el fraude, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia emitió una resolución que ordena "la exclusión" de Saurín hijo como postulante en los procesos de selección de concursos públicos en trámite para aspirar a los cargos de Fiscales y Fiscales Adjuntos correspondientes a las Circunscripciones Judiciales 1ª, 3ª y 5ª de la provincia, "porque intentó alcanzar de manera ilegítima un puntaje mayor al correspondiente". A principios de año, el joven profesional intentó copiar un examen para ser juez de Instrucción Penal de Primera Instancia.

La resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos excluye al abogado del concurso para integrar la planta de fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Las autoridades provinciales comprobaron que el hijo del ex magistrado (que tiene el mismo nombre) exhibió un certificado de asistencia a una capacitación que otorga un importante puntaje, que no le pertenecía. Fue descubierto porque dicho curso era "exclusivo" para integrantes al Poder Judicial. Posteriormente, quedó demostrado que su padre era quien había asistido a las jornadas.

El documento expresa que "el postulante a los concursos de los procesos de selección citados intentó, con su conducta, alcanzar de manera ilegítima un puntaje en concepto de antecedentes personales académicos mayor al que efectivamente le correspondía", y expresa que lo hizo "ingresando una constancia de asistencia otorgada por el Poder Judicial a otra persona de nombre y apellido casi homónimos". Y agrega: "Estamos en presencia de un hecho de inusitada gravedad".

Rubén Lucas presentó entre los antecedentes personales copia simple de un certificado de asistencia a un curso de "Entrenamiento y Capacitación en Litigación Oral", realizado en 2008. Sucede que a la hora de corroborar los antecedentes de cada concursante, el documento presentado por Saurín (hijo) fue elevado a la directora del Centro de Capacitación Judicial, Jaquelina Balangione. En el informe se solicitó que "diera respuesta acerca de los destinatarios de esta jornada; como así también si el citado postulante a los concursos, había participado en la misma". Atento a ello, el órgano requerido respondió que fueron invitados para participar de tal capacitación "los magistrados y funcionarios del Poder Judicial como destinatarios exclusivos a dicho evento". Además, confirmó la "falta de inscripción del Dr. Rubén Lucas Saurín a esta jornada", aclarando que "quien ha participado efectivamente en la misma ha sido el Dr. Rubén Saurín, quien integraba el Juzgado de Instrucción de la 4º Nominación de la ciudad de Santa Fe".

Ante ello, los organizadores del concurso de fiscales solicitaron dictamen a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los fines de consultar el tenor a seguir sobre las "irregularidades acaecidas en torno a la documentación presentada". De allí surge la resolución Nº 0034 que determinó la expulsión del postulante.

El decreto Nº 0889/11 es claro: "La información contenida en la documentación que conforma la postulación de los inscriptos tendrá carácter de declaración jurada. La constatación de su falsedad total o parcial implicará la automática exclusión del postulante".

Sin embargo no es la primera vez que el abogado treintañero intenta engañar a la Justicia. En marzo pasado participó de un concurso para Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe, y fue advertido mientras tenía a la vista material de estudio que no estaba permitido para la consulta en esa instancia. La resolución de la cartera judicial fue enviada a la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad ya que el abogado se desempeña laboralmente dentro de ese organismo.