El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez dictó el sobreseimiento de dos jóvenes, oriundos de San Cristóbal, y que habían sido señalados como los responsables del asesinato de Silvia Suppo, la ex presa política cuyo testimonio fue clave para condenar al ex juez Víctor Brusa y otros represores santafesinos que actuaron en la última dictadura militar. El magistrado realizó innumerables medidas judiciales pero ninguna de ellas acreditó la versión del testigo de identidad reservada, que los inculpó como co﷓responsable de la muerte de la ex militante de la JP, asesinada a cuchillazos por otros dos muchachos en la mañana del 29 de marzo de 2010 en la ciudad de Rafaela.

En la Resolución 027, firmada el 30 de diciembre pasado por Reinaldo Rodriguez, se señala que "el expediente regresó a primera instancia para resolver la situación procesal de los acusados por el testigo de identidad reservada como los instigadores de la muerte de Suppo, ya que los acusados habían participado "de acuerdo al relato del testigo de identidad reservada﷓ directa o indirectamente en el crimen".

Rodríguez agotó la instancia que los jueces que integraron el Tribunal Oral le exigieron tras haber elevado a mediados del año pasado sólo el cuerpo correspondiente a la autoría material, en la que están imputados Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, dos jóvenes que confesaron la autoría del horrendo crimen , producto de una larga noche de "caravana" con alcohol y pastillas. El TOF le pidió a Rodriguez que lleve a fondo la versión del crimen por encargo en la que había dos jóvenes que tuvieron y tienen grandes problemas con la ley, pero están ajenos al asesinato de Suppo.

En rigor, Rodríguez debió investigar un homicidio como si ocupara un fuero de excepción. Esto fue así porque la Corte Suprema de Justicia de la nación entendió que la causa debía trasladarse a la esfera federal por existir presuntamente elementos que vinculaban el homicidio con personas allegadas al círculo íntimo de los represores locales. En una minuta informativa, el órgano máximo del poder judicial lo notificó el 30 de marzo de 2011, a un año del hecho.