[HTML]Las pymes que quieran el beneficio de pagar menos impuestos a las Ganancias a cambio de reinvertir utilidades deberán renunciar al derecho de ajustar balances por inflación. La advertencia la formuló ayer en Rosario el director del Departamento Tributario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), César Litvin, en diálogo con la agencia DyN en el marco del Quinto Foro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"La ley pone como condición que la empresa no puede practicar el ajuste por inflación", explicó Livtin con relación al proyecto remitido al Congreso que beneficia al menos a 600.000 firmas.

El denominado ajuste inflacionario en los balances permite a las empresas restar de sus utilidades ganancias de tipo contable que se producen por el incremento de precios de bienes o insumos adquiridos por la firma.

Livtin señaló que "si se pagan impuestos sobre ganancias ficticias generadas por la inflación en realidad lo que tenemos es un aumento de la tasa del gravamen. Este efecto aún se nota en épocas de baja inflación porque no se pueden achicar quebrantos de ejercicios anteriores", agregó.

El destacado tributarista planteó que "hay empresas que iniciaron juicio contra el fisco nacional para poder hacer el ajuste, por lo que el gobierno les dice que tienen que renunciar a su derecho si quieren tener el beneficio (del proyecto de exención de pago de Ganancias)".

A pesar de ello, Livtin consideró que el proyecto del Gobierno anunciado el miércoles pasado en la Casa de Gobierno "es buenísimo porque trata de solucionar la falta de inversión".

El proyecto tendría un costo fiscal anual de 1.200 millones de pesos y la mayoría de los empresarios salieron en su respaldo.

La iniciativa permite desgravar durante dos ejercicios fiscales las utilidades obtenidas por pymes siempre que sean reinvertidas en la producción y la misma ya fue girada la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Diputados. Legisladores de distintos sectores políticos dejaron entrever que el tratamiento parlamentario "será breve" para que pase rápidamente al recinto de la cámara baja.

Según la normativa elaborada por el Ministerio de Economía, podrán tomar parte del beneficio firmas que facturen menos de 10,8 millones de pesos, en el sector agropecuario; 43,2 millones en minería; 86,4 millones en comercio y 21,6 en servicios.

La Cámara de la Indumentaria recibió con "satisfacción" el proyecto del Gobierno y manifestó que la iniciativa "impactará positivamente" en ese sector. Por su parte la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta (CARMAHE) destacó que "el crecimiento sostenido de la industria, que marcó un 7,6 por ciento durante agosto requiere de una mayor inversión que permita ampliar la capacidad instalada de las empresas".