Cuando el jueves pasado Diputados decidió no sesionar, selló la suerte del mensaje del gobernador Jorge Obeid que propone el libre acceso a la información pública. El proyecto perdió estado parlamentario y la Cámara la posibilidad de eliminar una cláusula del Senado que exigía acreditar un "interés legítimo" para pedir explicaciones, por ejemplo, sobre cómo se gastan los dineros públicos. Sin embargo, fuentes del oficialismo dijeron que no fue un olvido, sino una decisión: dejar caer el dictamen para que Obeid -o su bloque partidario- insistan en el período de sesiones ordinarias con un nuevo proyecto, pero ya en Diputados como cámara de origen y sin el requisito del "interés legítimo". Esto significa que si los senadores del PJ enrolados en las filas de Carlos Reutemann intentan mechar nuevamente la cláusula de la polémica -como ocurrió en los últimos dos años- prevalecerá el criterio de la Cámara baja.

Si el jueves último, Diputados hubiera insistido con eliminar la exigencia del "interés legítimo", el proyecto habría pasado al Senado que esta semana hubiera tenido la posibilidad de sancionar la ley con la norma que generó el ping pong legislativo. De cualquier manera, a Obeid le quedaba la posibilidad de vetar el agregado del Senado.

Ahora, todo comenzará de foja cero. El gobernador repetirá el mensaje que garantiza el libre acceso a la información pública o bien el bloque de diputados del PJ presentará como proyecto propio un calco del que se redactó en la Casa Gris. Si Diputados es cámara de origen estará en condiciones de imponer su criterio si los senadores reutemistas insisten con exigir un "interés legítimo" a quienes pretendan saber, por ejemplo, cómo distribuyen los 14.000 pesos mensuales que ahora tienen para repartir como subsidios a instituciones y particulares.

Hace dos semanas, cuando el Senado mechó la cláusula de la polémica, Obeid dijo que estaba dispuesto a vetar la ley o bien a mandar un nuevo mensaje si éste perdía estado parlamentario, como ocurrió. "Esa reforma desnaturaliza el proyecto", dijo el gobernador. "Esto desnaturaliza lo que nosotros queremos: que cualquier ciudadano pueda presentarse ante cualquier repartición a pedir información sobre cualquier funcionario o trámite que se esté llevando adelante. En función de eso, si el proyecto desnaturaliza el espíritu original que tenía el proyecto que nosotros enviamos a la Legislatura, enviaremos un nuevo proyecto tal cual era el original", explicó el mandatario.

En la misma sintonía se pronunció la vicegobernadora María Eugenia Bielsa. "Yo comparto el libre acceso a la información de cualquier ciudadano. En el Senado se le impuso la reforma del 'interés legítimo', pero para mi el interés legítimo es que cualquier ciudadano tenga derecho a saber sobre la cosa pública. Yo no tengo que demostrar ese interés porque mi condición de ciudadana me da legitimidad para saber qué hacen mis gobernantes", afirmó. "Acá sólo se piensa en la cuestión de la prensa, pero no hubo unificación de criterios en la Legislatura: la Cámara de Diputados votó por unanimidad (el mensaje de Obeid), pero se trabó en la de Senadores. Yo creo que lo del interés legítimo no va a prosperar, porque la gente sabe cuándo pedirá la información", completó Bielsa.

El libre acceso a la información pública fue el primer mensaje de Obeid a la Legislatura. Lo envió al Senado, el 12 de diciembre de 2003, cuarenta y ocho horas después de haber asumido en la Casa Gris. El Senado se tomó seis meses para sancionarlo, el 26 de agosto de 2004, pero con la cláusula del "interés legítimo", inspirada por el senador reutemista Joaquín Gramajo (PJ﷓9 de Julio).

El 30 de noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad la cláusula Gramajo y aprobó la ley sin restricciones sobre la base del mensaje de Obeid. El ping pong se reactivó cuando el gobernador incluyó el asunto en la agenda de sesiones extraordinarias para evitar que pierda estado parlamentario a fin de mes.

Sin embargo, a principios de abril los senadores del PJ insistieron con su criterio de exigir un "interés legítimo" a quienes pretendan saber qué hacen los políticos -por ejemplo- con los dineros públicos. Una reforma que "distorsiona el espíritu del proyecto", según la opinión de los gremios periodísticos, organismos de derechos humanos, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales que demandan transparencia a los poderes públicos. La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario consideró que "la sanción de una norma sin restricciones es de vital importancia".