Legisladores del Frente Progresista revelaron sus sospechas de que existe una campaña para reinstalar en la agenda política la privatización de la Empresa Provincial de la Energía. Lo dijeron ayer, luego de la reunión que mantuvieron con autoridades de la distribuidora eléctrica, a quienes le plantearon la necesidad de discutir un nuevo marco regulatorio que incluya la creación de un organismo de control externo. Esa iniciativa coincide con la demanda de organizaciones de consumidores que se amplificó en los últimos días en los que la compañía estuvo en el centro de la escena por los numerosos cortes de luz y la protesta de los usuarios.

Siete diputados provinciales del oficialismo se entrevistaron ayer, en la sede de bulevar Oroño al 1200, con el secretario de Servicios Públicos provincial, Alejandro Boggiano, el titular de la EPE, Daniel Cantalejo, y gerentes técnicos de la empresa. "La EPE no se toca, y no se va a privatizar", enfatizó la diputada del SI, Alicia Gutiérrez, luego de la reunión. El comentario -explicó- se debió a que "hay una campaña de intereses que quieren volver al pasado, cuando hoy la empresa está saneada en lo financiero, luego de haber tenido 7 u 8 años de quebrantos operativos". Requerida de precisiones, Gutiérrez evitó enfocar sobre nombres concretos detrás de la campaña aludida, pero señaló: "Vemos con inquietud que en algunos medios se sugiere volver al camino privatista, que hay llamados del público que con insistencia plantea que sería necesario vender la EPE para que sea eficiente", dijo. La diputada expresó su rechazo a esa intentona. "El ejemplo fue Aguas Provinciales, privatizada por el obeidismo y el reutemismo, y que nos dejó 10 años de atraso en obras y un juicio millonario ante el Ciadi", expuso.

El socialista Raúl Lamberto señaló que "en esta coyuntura reaparecen especulaciones privatizadoras, cuando las experiencias con Aguas y con el Banco Provincial han sido nefastas". Y reprochó que "la aventura privatista de la EPE no se concretó pero derivó en el retiro de personal técnico y en su descapitalización, cuyas consecuencias hoy pagamos todos". Mientras tanto, ayer retornaron algunos cortes de energía en el centro y en zona oeste, que se solucionaron durante la jornada.

De la reunión participaron también Santiago Mascheroni, Inés Bertero, Susana García, Julián Galdeano, Maximiliano Pullaro y el senador del departamento Constitución, Germán Giacomino.

El jefe de la bancada oficialista defendió el hecho de que la EPE "sea la primera en el país en reconocer mecanismos de resarcimientos por energía no abastecida". Gutiérrez, además, reveló números que Cantalejo les presentó: "La EPE dio superávit en 2010 y en 2011. El año pasado se ejecutaron 387,8 millones de pesos, el 91,6 por ciento del presupuesto, de los cuales el 42 por ciento ha sido para Rosario, donde en los últimos años se habilitaron 1.100 edificios y 1.400 comercios nuevos", analizó.

Los legisladores expusieron su preocupación por el costo político que la serie de apagones depara en la gestión de gobierno del FP. Y por eso plantearon la necesidad de atender reclamos como los que en la misma mañana de ayer expresaron en la EPE miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Sociales.

Al parecer, en el oficialismo legislativo cuajó la iniciativa de avanzar hacia un nuevo marco regulatorio que incluya la creación de un organismo de contralor externo sobre la EPE que contemple la participación ciudadana a través del monitoreo de las universidades públicas de la provincia. "Habrá que discutir si tendrá que ser como el Enress lo es para Assa o no, pero es hora de plantear estas demandas en un nuevo marco regulatorio, aunque siempre bajo la premisa de que la EPE es y será una empresa pública", explicó Lamberto. La empresa no se pronunció oficialmente.