El diputado provincial del radicalismo, Hugo Marcucci, presentó ayer en la Cámara baja, un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial brinde detalles sobre la licitación pública para la compra de 140 motoniveladoras de origen chino cuyo proceso licitatorio fue objetado por el Tribunal de Cuentas. La compra se concretó el 17 de junio de 2005 a una firma santacruceña cuyo objeto social era la construcción. Se trata de Austral Construcciones SA adquirió cada máquina en unos 90 mil dólares y las vendió al gobierno santafesino en poco más de 120 mil dólares. Así por su intermediación la empresa obtuvo ganancias por más de 12 millones de pesos. El proceso licitatorio estuvo en manos del Director de Vialidad Antonio Grbavac quien designó una comisión que debía controlar. Sin embargo obviaron irregularidades que luego fueron señaladas por el propio Tribunal de Cuentas que detectó que la empresa carecía de antecedentes y que al momento de concederse la licitación, quien se presentó como su titular no reunía los requisitos legales que exige la Ley de Sociedades Comerciales. Incluso señala un "eventual" perjuicio al Estado. Marcucci -que el 15 de febrero había pedido que la Dirección Provincial de Vialidad permitiera acceder al expediente y se lo negaron- planteó 16 preguntas que deberá responder el gobierno provincial. Su proyecto fue acompañado por todos los diputados de la oposición y advirtió que de no prosperar va a recurrir a la Justicia.

El ingeniero Antonio Grbavac como Administrador General de Vialidad Provincial adjudicó la licitación de maquinarias viales a favor de Austral Construcciones SA y decidiendo hacer uso de dos ampliaciones para llevar el número inicial de 100 a 140 equipos cuya "entrega se realizará el 15 de setiembre de 2005". Las ofertas presentadas habían sido dos: Austral ofrecía 100 máquinas a un valor final de $ 36.531.500 y Macrosa del Plata SA quien cotizó dos precios por la misma cantidad de equipos: $ 43.142.500 (oferta base) y $46.538.600 (con opcionales). La última oferta fue desestimada de plano en la resolución "dado que no cumple con el plazo de entrega: el 15 de setiembre de 2005".

La revista Entre Líneas reveló que el 4 de agosto de 2005 el contador fiscal y la subdirectora de Obra Pública del Tribunal de Cuentas enviaron a Grbavac un informe solicitando explicaciones por la adjudicación: como Austral se dedica a las construcciones, en el objeto mismo de la firma no se encuentra la actividad comercial de compra y venta de cosas muebles, en este caso maquinaria vial. El escrito del Tribunal advierte que esto puede derivar en "no quedar obligada la firma en los términos de la ley de Sociedades Comerciales" que obliga a una firma por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

Todos los actos comerciales tendientes a la concreción del negocio de las 140 motoniveladoras fueron realizados en Santa Fe por Julio Enrique Mendoza, quien se presentó en sociedad como presidente de la firma. Sin embargo, el escrito del Tribunal de Cuentas sostiene que legalmente quien rubricó los acuerdos entre la empresa y la Provincia de Santa Fe no era en ese entonces presidente de Austral Construcciones. En cuanto a los antecedentes exigidos por el pliego, los oferentes debían proporcionar una nómina de usuarios con un mínimo de 6 meses de uso comprobable.

Por eso el Tribunal de Cuentas pidió se informe "quiénes fueron los usuarios consultados y cómo y dónde se procedió a la verificación". "La Comisión de Estudios ﷓de Vialidad Provincial﷓ manifiesta que se realizó una consulta con distintos usuarios, entre ellos la municipalidad de Fray Bentos (Uruguay), pero es del caso que la misma no fue consignada como cliente en el listado de usuarios suministrado por la oferente", explicó luego el Tribunal de Cuentas.

Así las cosas, Vialidad practicó un control sobre una máquina a la cual Austral Construcciones nunca presentó entre sus antecedentes. Tras la respuesta el Tribunal de Cuentas afirmó que existe una "insuficiencia de antecedentes".

La comisión evaluadora de los pliegos, conformada por el ingeniero Eduardo Dávila, la doctora Nanci Ribes y el contador Jorge Ferrari formuló a lo largo de todo proceso escuetas explicaciones.

Finalmente la sala I del Tribunal de Cuentas envió las actuaciones a la división jurídica de la repartición para que esta determine si la conducta desplegada por Grbavac y los integrantes de la Comisión de Estudios, se encuentra inmersa en las causales previstas en el artículo 237 de la Ley de Contabilidad.