Desde Santa Fe

Un repudio de la Cámara de Diputados a las "injurias y agravios" al presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Eduardo Toniolli, por haber denunciado torturas a tres detenidos en una comisaría de Florencia, en el norte de la provincia, detonó otra crisis en el interbloque justicialista y obligó a uno de sus colegas, Héctor Acuña, a aceptarle la renuncia a su asesor y secretario general de la Unión de Trabajadores Policiales (Utrapol), Miguel Zalazar, quien había acusado a Toniolli de "sacapresos", "lobbista de los que están al margen de la ley" y operar "para que los delincuentes sigan libres".

El desagravio fue votado por unanimidad, incluso por el propio Acuña, que también firmó el proyecto de declaración junto con todos los presidentes de bloques del PJ, el Frente Progresista y Unión Pro Federal. "Hay un intento de desacreditar la tarea de Toniolli al frente de la comisión de Derechos y Garantías", advirtió otro de sus pares del Frente para la Victoria, Leandro Busatto.

En la primera semana de junio, Toniolli presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia a favor de tres detenidos en la comisaría de Florencia, donde fueron martirizados con picana eléctrica, submarino seco y vejámenes durante una semana y luego procesados por esas confesiones arrancadas bajo tormentos. "Son las mismos métodos de la dictadura", dijo el legislador. El recurso fue patrocinado el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien planteó "una situación de gravedad institucional" porque "la tortura es una práctica habitual y sistemática de la Policía en las investigaciones criminales".

El lunes, a poco de asumir, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, aseguró que el caso no quedaría impune. "A la tortura no hay que tolerarla", dijo ante una pregunta de Rosario/12. Y luego, recibió en su despacho a Toniolli y Ganón, quienes les entregaron una segunda denuncia de apremios ilegales en la misma comisaría de Florencia.