Desde Santa Fe

El gobernador Antonio Bonfatti y sus operadores de confianza reaccionaron ayer con quejas y resignación ante el recorte del Senado a la reforma tributaria que bajó las expectativas de ingresos fiscales de la Casa Gris de 1.500 a 850 millones de pesos este año, si es que la Cámara de Diputados vota la ley en agosto. "Es mucho menos de lo que pensábamos recaudar, un cuarenta por ciento menos. Una cifra que no cubre las expectativas de la propuesta, pero es un avance", dijo el secretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari al confirmar la magnitud de la poda. "Es la reforma posible", coincidieron más tarde dos senadores del oficialismo: el radical Hugo Marcucci y el socialista Miguel Lifschitz. Mientras que Bonfatti sintetizó sus críticas en el mismo tono: "No puedo estar conforme. Pero algo es mejor que nada", afirmó.

El tironeo por los números fue lo que demoró más de siete horas la sesión del jueves, convocada para las tres de la tarde, pero que recién arrancó a las diez de la noche. El proyecto del gobierno pretendía recaudar más de 1.500 millones de pesos este año y tapar el bache financiero que a junio ya acumuló un déficit fiscal de 500 millones. Pero el Senado, con mayoría del PJ, lo recortó a 850 millones, según la estimación de Beccari. "Es mucho menos de lo que habíamos pensado recaudar, un cuarenta por ciento menos. Una cifra que no cubre las expectativas de la propuesta, pero es un avance", agregó.

Bonfatti lamentó también los tiempos parlamentarios. La media sanción del Senado recién ingresará a la Cámara de Diputados el mes que viene, después del receso de invierno. La ley debería salir en agosto si el gobierno pretende cobrar los vencimientos impositivos de setiembre con aumentos. "Porque de lo contrario, cada vez son menos los meses en lo que la reforma tributaria tendrá vigencia", advirtió el gobernador.

Las quejas del mandatario fueron puntales: lamentó que no se haya gravado con una alícuota diferenciada a los ingresos brutos de las grandes empresas constructoras. Y dijo que "llamaba la atención" que el Poder Ejecutivo había acordado con las entidades agropecuarias un revalúo de los campos para aumentar el impuesto inmobiliario, pero los senadores lo rebajaron.

El debate sobre el revalúo de los inmuebles rurales dejó a la vista las fisuras en el propio bloque oficial. El proyecto del Poder Ejecutivo proponía aumentar las valuaciones fiscales en seis años, para llevarlas al 20 por ciento del valor de mercado, en 2018. El proyecto espantó a los senadores del oficialismo y la oposición. La contrapropuesta del PJ fue un revalúo atenuado: incrementar un 70 por ciento el valor fiscal que no se toca desde los '70, lo que significa llevarlo al 5 por ciento del precio de mercado, que es lo que se aprobó. Sin embargo, cuando el artículo se discutió en el tratamiento en particular, dos senadores de la UCR, Felipe Michlig y Rodrigo Borla pidieron abstenerse. Lo mismo hizo su colega del justicialismo, Joaquín Gramajo.

Las disidencias en el Frente Progresista quedaron expuestas también cuando se trató la propuesta de la UCR para gravar a las grandes industrias que hoy exentas del impuesto a los ingresos brutos. El proyecto proponía aplicar una alícuota mínima (0,5%) a las empresas que facturen más de 50 millones de pesos. Porque el asunto no había sido incluido en el mensaje original del gobernador Bonfatti. Y cuando, el bloque radical propuso incorporarlo al texto de la ley, las dos bancadas del PJ se opusieron. Pero hubo otra sorpresa: el senador radical Orfilio Marcón dijo que coincidía con sus pares del PJ y pidió abstenerse: no votó la moción de su propio bloque. El aumento de impuestos involucraba a las 120 empresas más grandes que operan en la provincia con facturaciones millonarias, catorce de ellas radicadas en el departamento de Marcón, General Obligado.

Bonfatti lamentó también otra poda del Senado. En enero, había sacado el decreto número 200/12 que aumentó las alícuotas de ingresos brutos al 3,5%, al 3,8% (a las empresas que facturen más de 30 millones) y 4,2% (a las que facturen más de 40 millones). Y en abril, cuando envió la reforma tributaria al Senado, propuso en el artículo 9 que el aumento sea ratificado por ley, ante los ataques políticos que lo consideraban inconstitucional. En la media sanción que el Senado votó, el artículo 9 se esfumó, lo que significa que si ese aumento ﷓por decreto﷓ ya era discutido y tachado de inconstitucional, ahora no lo podrá cobrar. El recorte del Senado tendrá una consecuencia clara, según el gobernador: "A menores ingresos, menores posibilidades de acelerar algunas obras", concluyó.