Desde Santa Fe

Rosario/12 lo anticipó el 13 de mayo. El gobernador Antonio Bonfatti propuso ayer al abogado santafesino Jorge Barraguirre como procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que está vacante desde el fallecimiento de su titular, Agustín Bassó, en marzo último. La postulación habilita una normativa que se utilizará por primera vez en Santa Fe, el decreto 0018/07, firmado por Hermes Binner apenas asumió en 2007, para alentar la participación ciudadana antes de enviar el pliego a la Legislatura. De cuna radical, Barraguirre fue asesor del ex presidente Raúl Alfonsín en la Convención Constituyente de 1994, pero también integró el equipo de Horacio Rosatti, cuando éste asumió, en 2004, como procurador del Tesoro de la Nación, designado por el ex presidente Néstor Kirchner. Más tarde, se sumó al gabinete de Binner como fiscal de Estado hasta diciembre de 2011.

La decisión de Bonfatti de proponer a Barraguirre como procurador de la Corte ya estaba tomada desde hace tres meses, pero recién se oficializó ayer. El último ex funcionario de la Casa Gris que intentó el paso a la justicia fue el ex secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, como auditor de los fiscales, pero el pliego fue rechazado por la Asamblea Legislativa.

La postulación de Barraguirre pondrá en marcha el sistema de consulta dispuesto por el decreto 018/07, que autolimita las facultades del Poder Ejecutivo para facilitar la participación ciudadana. Como se sabe, la designación del procurador es un acto complejo: lo propone el PE y la Asamblea Legislativa acepta o rechaza el pliego.

El mecanismo se pondrá en marcha "con la publicación durante tres días en el Boletín Oficial y en diarios de circulación provincial del nombre y antecedentes" de Barraguirre.

"Luego, durante 15 días hábiles, los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, y las entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar respecto del postulado, con declaración jurada respecto de su propia objetividad en relación de los propuestos", informó el gobierno.

"En el mismo lapso, el PE requerirá la opinión de organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración. En particular, se recabarán informes de la Administración Provincial de Impuestos, y de la Afip, preservando el secreto fiscal, relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas" del propuesto.

"Finalmente, en un plazo que no deberá superar los 15 días hábiles desde el vencimiento para la presentación de posturas u observaciones", el PE decidirá si remite el pliego a la Legislatura o no.

Ayer, el gobierno difundió algunos antecedentes de Barraguirre, entre ellos los más notorios: asesor de Alfonsín en la Asamblea Constituyente de 1994, su paso por el equipo de Rosatti cuando éste era procurador general del Tesoro -un cargo que ocupó hasta 2006﷓ y fiscal de Estado de Binner, hasta 2011.

Sin embargo, la currícula no menciona la última escala en la Casa Gris. El 16 de enero, Bonfatti lo designó "asesor nivel A de la Gobernación por 120 días corridos" (decreto 0170), pero Barraguirrre no ocupó el cargo, renunció el 14 de marzo y el gobernador le aceptó la renuncia quince días después, el 28 de marzo (decreto 0946).

Egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en 1988, Barraguirre realizó una maestría en leyes en la Universidad de Connectitut, Estados Unidos, en 2003. Actualmente, se dedica también al arbitraje internacional de inversiones representando a la República Bolivariana de Venezuela en el marco del convenio CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).