Desde Santa Fe

El juicio al ex agente secreto del Ejército, Juan José Luis Gil, acusado por "amenazas y coacciones agravadas" a víctimas de delitos de lesa humanidad en Reconquista y a los magistrados que investigaban la causa, siguió ayer con los alegatos. El fiscal general Martín Suárez Faisal solicitó una pena de ocho años de prisión para el imputado, mientras que los querellantes extendieron la solicitud al máximo legal para ambos cargos: doce y trece años de cárcel. Hoy le tocará el turno a la defensa. Los acusadores consideraron que la investigación acumuló pruebas suficientes para condenar a Gil, un "nostálgico del terrorismo de estado" -según la querella﷓ y "parte integrante del aparato represivo" de la dictadura por su doble rol de personal civil de inteligencia (PCI) y policía de la Guardia Rural Los Pumas, aunque después, en democracia, se recicló en la docencia hasta su cesantía. "Está probado y con certeza" que Gil envió los "correos electrónicos amenazantes" y que "sus destinatarios eran los miembros de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, el juez federal Eduardo Valiente y el fiscal federal José Ignacio Candioti", que investigaban la represión en el norte santafesino. "Una conducta aberrante, sumamente cruel y signada por un profundo odio hacia las personas que no comulgaban con su identidad ideológica", la calificó Suárez Faisal.

El primer alegato fue el del abogado Iván Bordón, que representa a tres militantes de Norte Amplio: Héctor Raúl Borsatti, Jorge Domingo Miceli y Pablo César Rolón. "Es la primera vez en el país que es llevado a juicio un imputado por amenazas a testigos y funcionarios judiciales, en una causa por violaciones a los derechos humanos", dijo el penalista. Y le pidió al Tribunal (integrado por María Ivón Vella, José Escobar Cello y Otmar Paulucci) que condene a Gil a 12 años de prisión por "amenazas coactivas agravadas" y declare que "el delito se cometió con el fin de obstaculizar el avance de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad".

"Esta querella no tiene dudas que Gil formaba parte de la estructura represiva del terrorismo de estado", por eso "pedimos que se envíe esa declaración al Juzgado de Reconquista en el marco de delitos de lesa humanidad", agregó. Siguió el abogado Pedro Dinani, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que asiste a otro de los denunciantes, el abogado Gabriel Hernández. Consideró que la condena a Gil debía ser de 13 años de prisión.

En cambio, el fiscal Suárez Faisal solicitó una pena de ocho años, para los mismos cargos. "Considero probado que el imputado de manera anónima, envió al menos dos correos electrónicos, uno el 26 de marzo de 2009 y otro el 20 de mayo de 2009, dirigidos al Concejo Municipal de Reconquista y a personas de esa ciudad vinculadas con la defensa de los derechos humanos".

"Los mensajes tenían como objetivo coaccionar a los integrantes de la Asociación Norte Amplio (Borsatti, Miceli, Rolón y Carlos Echegoy, entre otros), al juez Valiente, al fiscal Candioti y al doctor Hernández, que representaba al querellante Alejandro Faustino Córdoba". "El propósito era obligarlos a que dejen de movilizar a la comunidad de Reconquista en la búsqueda de memoria, verdad y justicia" y "aportar pruebas a la causa" de la represión en Reconquista.

"Está suficientemente probada la existencia de los correos electrónicos enviados, pero a lo largo de este juicio también pudo determinarse quién ha sido el autor de esos envíos, que no es otro que el imputado Juan José Luis Gil", quien operó "como agente secreto del Ejército, especializado en reunir información, bajo el seudónimo de Enrique Galetti", agregó el fiscal.

"Nos encontramos ante una conducta aberrante, sumamente cruel y signada por un profundo odio hacia las personas que no comulgaban con su identidad ideológica. El imputado no dudó en valerse de la forma más vil del anonimato, que fue diseñar la existencia de una sociedad secreta llamada La Hermandad supuestamente integrada por militares, policías y por supuestos, agentes de los servicios de inteligencia", concluyó el fiscal Faisal.