El juez de Instrucción de San Cristóbal, Aldo Precerutti, procesó al ex intendente de Ceres, Raúl Ramonda y a un ex secretario de su gabinete, Horacio Alcides Bellino, por el supuesto delito de "estrago culposo" en una causa en la que investiga las responsabilidades políticas en la catástrofe del río Salado. El magistrado concedió la excarcelación de ambos ex funcionarios pero ordenó un embargo sobre sus bienes de 50.000 pesos, a cada uno, según informaron fuentes del Palacio de Tribunales. Ramonda y Bellino están acusados de desviar agua hacia otros distritos aledaños a Ceres durante la crecida de 2003. "Los imputados, con la conducta aplicada, causaron estragos por inundación que cubrió de agua terrenos no destinados a tal efecto y creando de esta forma un peligro común para los bienes, campos y habitantes" de la localidad de Montefiore, una de las más afectadas por la inundación, dice el fallo del juez Precerutti.

La causa se inició por una denuncia del presidente comunal de Montefiore, Mauricio Daniel Crown, quien planteó que el 22 de abril de 2003 ﷓una semana antes de que el río Salado irrumpiera en Santa Fe con las consecuencias conocidas: 23 muertos, más de 100.000 personas en el desamparo, un tercio de la ciudad bajo agua﷓, un torrente comenzó a llegar a Montefiore por efecto de las elevadas lluvias.

Precerutti pudo probar que la Municipalidad de Ceres utilizó una retroexcavadora para derivar el curso de agua hacia campos del norte de la comuna de Montefiore. Los trabajos fueron dirigidos por el propio ex intendente Ramonda, quien ordenó cortar caminos y derivar el agua, "lo que perjudicó gravemente a los productores y a la comunidad en pleno (de Montefiore) ya que la masa hídrica debía seguir por una colectora".

Si bien la labor fue realizada por un grupo de empleados del municipio, el juez entendió que ninguno de ellos "tenían responsabilidad alguna ya que fueron comandados por ambos imputados y resultaron el instrumento con que se ejecutó el delito", acusó el juez.

El fallo por el presunto estrago por inundación fue apelado por Ramonda y Bellino, quienes están en libertad condicional, pero afrontan embargos por 50 mil pesos en sus bienes personales.

Ya son cinco los funcionarios procesados por la catástrofe del río Salado. El 19 de abril último, el juez penal de Santa Fe, Jorge Patrizi (Instrucción 8º) imputó el supuesto delito de "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas" al ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez, pero eximió de culpa y cargo al ex gobernador Carlos Reutemann. El magistrado concedió también la excarcelación de Berli, Fratti y Alvarez pero les trabó un embargo de 50.000 pesos a cada uno.

Patrizi dictó también la falta de mérito a otros siete ex funcionarios imputados en la causa. Tres del gabinete de Reutemann: el ex secretario de Obras Públicas, Carlos Gómez Galissier; el ex administrador de Vialidad Provincial, José D'Ambrosio y el ex director de Defensa Civil, Carlos Filomena. Y cuatro ex secretarios de Alvarez en la Municipalidad de Santa Fe: Juan José Maspons (Servicios Públicos), Juan Carlos Cafaratti, Jorge Bounus (Obras Públicas) y Alejandro Alvarez Oporto (Hidráulica). Pero la resolución no está firme porque el fiscal Ricardo Favaretto apeló ante la Sala II de la Cámara Penal de Santa Fe.