Alrededor de treinta droguerías pequeñas y medianas de la provincia quieren una reunión con el ministro de Salud Miguel Cappiello, para que les explique "por qué se anuló una resolución perjudicando directamente a nuestros comercios y beneficiando sólo a los grandes", según dijeron a Rosario/12 fuentes del sector. Cappiello confirmó a este diario que a fines de octubre decidió hacer caer una disposición de marzo de 2002, que permitía entre otras cosas la venta de productos entre droguerías para abastecer farmacias, sanatorios y hospitales públicos. "Lo que hice fue volver a la ley provincial original ya que esa resolución se tomó de manera transitoria en el marco de lo que fue la crisis de 2001", aseguró el ministro. Y agregó: "Lo que queremos garantizar es la calidad y el control de los productos que se comercializan en nuestro territorio". Desde la Cámara de Diputados de Santa Fe ya se cursaron pedidos de informe por el conflicto que además "afectará varios puestos de trabajo y hasta el cierre de varias droguerías que no podrán subsistir".

La cadena de comercialización de medicamentos en Santa Fe (y también en Argentina) va de los laboratorios a las distribuidoras u operadores logísticos, de allí a las droguerías y luego a las farmacias. También sanatorios y hospitales representan el final de la serie de comercialización. En la provincia, las grandes droguerías y distribuidores se concentran más que nada en las licitaciones públicas. Las pequeñas droguerías abastecen al resto de los clientes. "El problema es que nosotros tenemos clientes a los que no podemos abastecer totalmente con el stock que manejamos, entonces le compramos a otro colega y ahí completamos el pedido sin perder al cliente", contó a este diario uno de los responsables de las pequeñas droguerías. Pero otro de los inconvenientes es que "los laboratorios no le abren cuentas nuevas a las pequeñas y medianas droguerías". "Con esta resolución del ministerio lo que nos queda es desaparecer", señalaron.

-¿Por qué tomó la decisión de anular la resolución que permitía la venta de medicamentos entre droguerías, después de más de 10 años de vigencia? -preguntó Rosario/12 al ministro Cappiello.

-Precisamente por eso, porque estaba vigente por más de una década una resolución que fue tomada de manera transitoria después de la crisis del 2001. Lo que hicimos fue volver a la ley provincial original, no hicimos nada que esté fuera de la ley.

-Pero las pequeñas y medianas droguerías dicen que ahora se verán perjudicadas y que peligran puestos de trabajo.

-Yo he hablado con todo el mundo. El Colegio de Farmacéuticos dijo que estaba de acuerdo y la cámara CADIM pidió tiempo para adecuarse a las nuevas normativas. Sé que hubo presiones de todo tipo y hasta presentaciones judiciales. Nosotros estamos dispuestos a seguir conversando y seguramente no vamos a aplicar las nuevas medidas hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la justicia.

-Los titulares de las pequeñas y medianas droguerías dicen que esto los saca del juego porque los laboratorios no les abren nuevas cuentas.

-No me consta. Se dicen muchas cosas, pero uno después va y consulta con las fuentes y resulta que las cosas no son tan así.

-También aseguran que la ley original que regula la venta de medicamentos en la provincia es de la década del '50 y que es obsoleta.

-Bueno, eso es otra cosa. Si se considera que la ley es anticuada hay que hablar con los legisladores y que se presente un nuevo proyecto más aggiornado. Pero esa no es mi responsabilidad, mi responsabilidad es garantizar la calidad y el control de los medicamentos que se venden en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Fíjese si no los problemas que hemos tenido con unas partidas de suero (en alusión a partidas vencidas que había comercializado el quebrado laboratorio Apolo).

Los responsables de las droguerías en conflicto sostienen que "no sólo se cumplen con todos los controles y la trazabilidad de los productos y todo lo que exige la Anmat, sino que al comercializarse entre droguerías podemos decir que se hacen doblemente esos controles".

El tema ha desatado también distintas posturas dentro del Colegio de Farmacéuticos que primero dio una señal positiva a la decisión gubernamental, pero después cambió un poco la postura a partir del reclamo de los farmaceúticos que trabajan dentro de las droguerías en conflicto que ven peligrar sus fuentes laborales.

La diputada provincial del PJ Miriam Cinalli presentó un pedido de informes al ministro de Salud: "Queremos saber por qué se tomó esta decisión de manera sorpresiva y después de diez años de vigencia de la orden anterior". Y agrega que el nuevo escenario "cambiará abruptamente las reglas de comercialización de los productos medicinales".