El fallo de la Cámara Federal de Rosario, que apartó al juez federal Nº 1 Reynaldo Rodríguez de la investigación del terrorismo de estado en Santa Fe, detonó un escándalo. Los querellantes en la causa reclamaron ayer -en público- al fiscal de Cámara, Claudio Palacín, que apele la sentencia ante la Cámara Nacional de Casación Penal, mientras comenzaron a gestionar una audiencia con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, a quien le pedirán que instruya a Palacín que agote los recursos para evitar que el fallo quede firme el jueves próximo. Righi ya tiene en su despacho una copia de la resolución de los camaristas Carlos Carrillo, Edgardo Bello, Elida Vidal, Fernando Barbará y José Guillermo Toledo. "Este es un problema de gravedad institucional", dijo el doctor Jorge Pedraza al advertir que la separación de Rodríguez puede tener un efecto dominó: ya se excusaron de intervenir el juez federal Nº 2, Francisco Miño y el primer conjuez sorteado en una lista de abogados del foro santafesino, Ricardo Prono. "¿Quién se va a hacer cargo de esta causa tan pesada donde hubo amenazas de muerte al juez e intimidaciones de todo tipo al secretario del Juzgado, a los querellantes y a los testigos?", se preguntó. Pedraza dijo que "la única posibilidad de enmendar esta resolución de la Cámara Federal de Rosario que provoca tantos trastornos y la paralización no sólo de esta causa sino de otras que investigan unos 80 homicidios del terrorismo de estado en Santa Fe es recurrir ante la Cámara Nacional de Casación Penal".

-¿Y quién tiene que apelar?- se le preguntó.

-El fiscal de Cámara, doctor Palacin. El reclamo fue hecho en público a partir de que otros querellantes en la causa habrían intentado dialogar con el funcionario pero éste no los recibió, según comentó a Rosario/12 una fuente segura de los Tribunales Federales. "El Código Procesal Penal de la Nación es bastante restrictivo en esta materia, porque la Cámara Nacional de Casación Penal no es una tercera instancia, sino que está limitada para determinadas cuestiones. Pero a mi modo de ver, no queda otra alternativa para enmendar esta resolución tan arbitraria de la Cámara Federal de Rosario que recurrir a un tribunal superior", explicó Pedraza. "Lo otro: es ir al albur de que algún abogado de la lista de conjueces acepte intervenir en esta causa, pero el sistema judicial no puede estar pendiente de la voluntad personal de un abogado que va a tener sobre sus espaldas una carga tan grande".

Pero hasta ahora nadie aceptó reemplazar al juez Rodríguez en la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Santa Fe. "Ya se excusaron de intervenir su subrogante legal, el juez federal Nº 2, doctor Miño y el sorteado en la lista de conjueces, doctor Prono. "Yo quisiera saber si alguno de los otros conjueces va a tener interés en esta causa que es muy pesada, porque hubo amenazas de muerte contra el juez e intimidaciones de todo tipo contra el secretario del Juzgado, los querellantes y los testigos. Y encima, los conjueces no tienen la posibilidad de cobrar honorarios, como bien se dijo", advirtió.

"Este es un problema de gravedad institucional porque no sólo se puede paralizar esta causa emblemática de la represión ilegal sino otras en las que se investigan unos 80 homicidios del terrorismo del estado en la década del '70 y cientos de casos de torturas, privación ilegal de la libertad y otros delitos de lesa humanidad", agregó.

La querella planteó que la resolución de la Cámara Federal que separó a Rodríguez "es tan arbitraria que hasta citó como fundamento un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el atentado a la embajada de Israel que es todo lo contrario a lo que se invoca, porque la Corte rechazó la recusación por prejuzgamiento al entonces ministro del tribunal, Carlos Fayt. O sea es tan arbitraria que hasta cita un fallo contrario a lo que pretende sostener la Cámara", reveló Pedraza.

-¿Es cierto que los querellantes le pidieron una audiencia al procurador general de la Nación, doctor Righi?

-Se está gestionando una audiencia. Sí le puedo decir que hoy (por ayer) le llegó a su despacho una copia del fallo de la Cámara de Rosario, o sea que están en conocimiento del tema. Es una cuestión que preocupa. La ciudad de Santa Fe es importante y las violaciones a los derechos humanos han sido muy graves durante la dictadura como para correr el riesgo que las causas se paralicen quién sabe por cuanto tiempo o que se eche por la borda todo lo que se investigó y trabajó durante estos cuatro años. Esa es la situación. Esperemos, que la Cámara Federal arregle este entuerto en que se ha metido o que lo hagan los órganos superiores. Acá también debe intervenir la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.