Uno de los objetivos, acaso el más importante, del proyecto de ley de uso de suelo y hábitat que impulsa el gobierno provincial, es lograr que las localidades santafesinas "no estén tan desprotegidas frente a la tentación de un desarrollo inmobiliario, como el que están sufriendo todas las comunas chicas, sobre todo del Gran Rosario", admitió el administrador del Servicio de Catastro e Información Territorial (Scit) Horacio Palavecino. Si bien la norma podría haber llegado antes, en las primeras rondas de consulta con actores del mercado inmobiliario, los funcionarios del Ejecutivo se encontraron con reacciones "de sorpresa" y desconocimiento de la iniciativa. "Les cambia la forma, la ecuación económica en la que venían trabajando", apuntó el titular de Catastro.

Urbanizar un campo es un gran negocio. Subdividir una considerable cantidad de hectáreas en cientos o miles de terrenos arroja muy buenas ganancias. Ahora, y siempre en el caso de que se sancione el proyecto de ley, los futuros desarrolladores inmobiliarios deberán contraer "obligaciones, responsabilidades" que hasta el momento no asumían. Por ese motivo, se define a la norma como "un instrumento jurídico" para municipios y comunas, en la intención de legislar sobre ordenamiento territorial en sus distritos. En los últimos días, el ministro de Economía Angel Sciara, el secretario de Hábitat Gustavo Leone y Palavecino presentaron la iniciativa en Santa Fe y Rosario. Las primeras reacciones del sector privado "no fueron de rechazo, pero sí de incertidumbre".

"Preguntaban cuáles eran los alcances de esos instrumentos y lo recibían con cierta sorpresa. Hasta hoy no están vigentes, algunos apenas se han utilizado en Rafaela o en Rosario. Pero los llamaba la duda, ya que se les generan obligaciones a estas personas, como por ejemplo un aporte del equivalente al 10 por ciento del nuevo desarrollo, ya sea en tierras, infraestructura, dinerario, otro loteo", describió Palavecino y agregó: "Acá hay que compartir un poco los costos".

No obstante, los mayores compromisos de los loteadores serán compensados en el pago de los terrenos, por parte de los futuros propietarios particulares. "Lo que transmitían era que el mayor costo, tarde o temprano, piensan trasladarlo". Pero en ese punto, el Estado pretende obtener también beneficios mediante la urbanización. "Un plusvalor", sintetiza el funcionario, teniendo en cuente que es quién deberá proveer de servicios al nuevo loteo. Ahora, se buscará que los beneficios que aporta un nuevo suelo urbano, un cambio de zonificación y la infraestructura reciente que pone el Estado, ya sea local o provincial, "no sean apropiados en un cien por ciento por parte del desarrollador, cuando el que realiza la obra pública o autoriza la inversión es justamente el Estado".

Todavía no se realizaron rondas de consulta con legisladores, pero no se descarta que funcionarios provinciales concurran a Senadores y Diputadas a explicar en detalle la iniciativa. El Ejecutivo intentará avanzar como en el caso de la reforma tributaria, dialogando con ambas cámaras por separado "y abriendo el debate a la sociedad". Es intención del gobierno no aguardar a que cese el proceso electoral que atravesará la provincia en el segundo semestre para impulsar la sanción del proyecto.