Desde Santa Fe

El consorcio contratado por Enarsa para ampliar la capacidad de la Central Termoléctrica de Sauce Viejo de 280 a 400 megavatios responsabilizó al gobierno de Antonio Bonfatti por "la falta de seguridad" para continuar las obras ante el hostigamiento de la patota del ex secretario general de la Uocra, Emanuel Araya, que ocupó la usina durante más de una semana -hasta el jueves cuando fue desalojada por una orden judicial﷓ y ayer volvió a atacar a los trabajadores de la empresa con un saldo de 20 heridos. "Esto es sin límites", denunció el presidente del grupo conformado por la española Isolux y la argentina Iecsa, Juan Carlos Goycochea, al advertir las consecuencias del conflicto: "Los que tomaron la central y el obrador, no sólo se dan el lujo de no permitir que se construya una obra que agrega más energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional sino que pararon una central, con lo que ello representa. El gobierno debe intervenir. No puede ser que a 80 personas que van a trabajar los muelan a palos. Si hay un muerto ¿quién se va a hacer responsable?", preguntó el empresario. Y reveló que después de la toma de la usina, descubrieron "bombas molotov armadas, al menos 40 botellas cargadas con combustible y con mechas", más otros destrozos que fueron denunciados a la justicia.

Goycochea pidió la "intervención" del gobierno para continuar las obras que están frenadas "desde hace tres meses". La patota de Araya justificó la toma de la usina por el supuesto despido de 60 trabajadores, pero Goycochea lo desmintió. "Jamás despedimos a nadie. Las obras están paralizadas desde hace tres meses. No había ni uno solo obrero. Sólo teníamos seis delegados de la Uocra que responden a Araya y a los que no podemos despedir porque son delegados. El lunes de la semana pasada resolvimos volver a trabajar y cuando íbamos a empezar, tomaron el obrador y la central. Los 60 trabajadores que dicen que despedimos, cuando tomaron la obra nos dijeron que los habían echado de otras obras públicas de la provincia", explicó en un diálogo con El Litoral.

Apenas se produjo la toma, Goycochea le pidió a Bonfatti y al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, que "pongan policías para evitar incidentes". El jueves, por orden del juez Héctor Candioti (Correccional 1), los ocupantes desalojaron la usina. Y ayer, "por nota, le volvimos a pedir al ministro de Seguridad, al procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre y al gobernador que por favor mandaran a la policía, porque había que custodiar la obra hasta que tome un curso de normalidad. No fue nadie", comentó el empresario. "Le tuvimos que pagar adicionales a dos policías que cuando unas 100 personas (del grupo Araya) vuelven a tomar el obrador, se corrieron. (Los atacantes) entraron y molieron a palos a 80 personas que estaban trabajando. Muchos pudieron escapar porque rompieron el alambrado", relató. Uno de los agredidos dijo que los atacaron "con armas, palos y fierros. Llegaron en motos, autos polarizados... armados" y comenzaron "a pegar".

Goycochea dijo que "en el mes de julio" habló "personalmente" con Bonfatti, a quien acompañaban el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y su colega de la delegación Santa Fe. "Me dijo que iba a intervenir, que se iba a ocupar, que ponía la provincia a disposición, que esperaba que la Justicia actuara y que el ministro de Seguridad tenía todo el apoyo del mundo. La realidad es que desde que empezó la toma de la obra estamos pidiendo que vaya la policía y la policía no fue", manifestó.

"No pudimos trabajar en este tiempo porque a las empresas subcontratistas de Santa Fe, Araya no les dejaba tomar gente que no sea de él, y por otro lado la Uocra nacional al subcontratista le decía que si tomaba gente de Araya no iba a trabajar en ningún lugar del país. Entonces, nadie nos trabajaba y por eso hace tres meses que la obra está parada", dijo Goycoechea. Y negó un supuesto "costo Uocra" en Santa Fe. "Es exactamente lo mismo que en cualquier parte del país. No hay ningún costo extra", enfatizó.