Desde Santa Fe

La causa judicial por la toma de la Central Termoeléctrica de Sauce Viejo y del obrador del consorcio contratado por Enarsa para ampliar la capacidad de la usina de 280 a 400 megavatios -con una inversión de 280 millones de dólares- ya provocó un pasamanos de cuatro jueces, en los que tres de ellos se declararon incompetentes. El obrador está controlado desde hace más de un mes por una patota que responde al ex líder de la Uocra, Emanuel Araya, y desde entonces, el expediente pasó del juez Héctor Candioti (Correccional 1ª) al juez federal Reinaldo Rodríguez, volvió a la jueza Sandra Valenti (Correccional 6ª) y ésta se lo despachó a su colega Nicolás Falkemberg (Instrucción 2ª), donde quedó radicado, por ahora.

Candioti se declaró incompetente por que un apoderado del consorcio le presentó fotografías de botellas de plásticos con un supuesto líquido inflamable que se encontraron en el obrador y él consideró "cócteles molotov". Rodríguez le devolvió la causa porque los "envases con un líquido oscuro, que no fueron no secuestrados, resultan insuficiente para sostener la intervención de la justicia federal". Ya no eran bombas incendiarias, sino botellas.

Y la jueza Valenti -que sucedió a Candioti- le giró la causa a Falkemberg, sin ninguna mención del incidente de las supuestas "bombas molotov", sino por que consideró que el obrador no estaba tomado, después del ataque de los seguidores de Araya a trabajadores de Isolux, con un saldo de 20 heridos. Valenti reveló que los atacantes utilizaron "piedras, hierros, armas blancas y de fuego" y después "se quedaron en el lugar". Es un "grupo de obreros" que responden a Araya, que "permanece en las instalaciones de Isolux", pero que ahora supuestamente "convive con las autoridades de la empresa" y "efectivos de la fuerza de seguridad" que cumplen adicionales, "todos a la espera de la solución de una protesta sindical que escapa a la órbita penal", dijo la jueza. Y agregó: "La fragmentación de los hechos sólo contribuirá incrementar aún más la criminalización del conflicto" que debería resolverse "por carriles que no necesariamente impliquen el ejercicio de la violencia que encierra el poder punitivo".

Falkemberg citó esta semana a declarar al apoderado de Isolux y a uno de sus ingenieros, que le ratificaron que obrador sigue tomado. "La triste realidad es que la situación no ha variado. La ampliación de la Central Termoeléctrica está totalmente parada por un sector de la Uocra que responde a Araya. Están atrincherados ahí, no se puede entrar", dijo por LT10 el presidente del consorcio, Juan Carlos de Goicoechea. "La justicia no ha respondido a nuestras peticiones, ni la provincial ni la federal. La situación es mucho más grave, porque toda la obra pública está parada. El conflicto ha llegado a un punto en el que las empresas no pueden trabajar", agregó.

Goicochea dijo que la obra tiene un atraso de ocho meses y una pérdida de medio millón de pesos diarios. "Era mayor cuando arrancó la obra, pero se fue reduciendo al mínimo, hoy la pérdida es 500 mil pesos al día", explicó.

En la última sesión en la Cámara de Diputados, el presidente de la comisión de Seguridad, Héctor Acuña, solicitó al gobierno que "ejecute todas las medidas y acciones a su alcance" para "continuar la construcción de la Central Termoeléctrica de Sauce Viejo". "Los últimos hechos de violencia muestran a las claras una escalada que no es nueva, por ello sería prudente y conducente que el gobierno no se desligue de una responsabilidad que es ineludible", señaló.

"Estamos en presencia de hechos públicos y notorios que resultarían prima facie rayanos y contrarios al orden público y a las normas básicas de un estado de derecho, frente a los cuales el Estado provincial no puede ser un simple espectador".

"Pretender mostrar este conflicto como un enfrentamiento entre dos sectores de un gremio es la visión más equivoca y mezquina que plantea el gobierno", agregó.

En este sentido, remarcó también que "la ciudadanía tiene que tomar conciencia que el problema que existe es que está en riesgo la obra, tanto pública como privada. De no resolverse este problema, los despidos van a seguir en muchas compañías que tienen obras públicas y privadas".

Además, señaló que "el Estado, frente a quien infringe la ley, debe tener una actitud inflexible. Y esto es lo que el Estado provincial no comprendió o no quiere entender". En esta línea, añadió luego que "la Unión Transitoria de Empresas que está construyendo la central en Sauce Viejo está perdiendo 500 mil pesos por día con este conflicto".