Alejandro Martín perdió sus fueros ayer, a partir del veredicto del Tribunal de Enjuiciamiento que lo destituyó como juez y lo dejó en condiciones de ser juzgado penalmente como a cualquier hijo de vecino, por el caso del fraude contra el Banco Municipal de Rosario para extraer dinero de cuentas inmovilizadas a partir del cobro de juicios ejecutivos falsos. El magistrado separado de su cargo quedó en la misma situación que su secretario en el juzgado Civil y Comercial nº 17, un martillero y dos abogados. La investigación ahora avanzaría también sobre el desempeño de otro ex juez, Jorge Scavone, de quien se sospecha que participó de maniobras similares hasta 2010, cuando se jubiló. La defensa de Martín planteó que el jury no fue imparcial porque el tribunal se compuso, entre otros, de ministros de la Corte Suprema que antes influyeron en la suspensión del juez, luego de haber sido denunciado. "Será un nuevo caso Fraticelli", dijo uno de sus abogados (ver aparte).

El Tribunal de Enjuiciamiento dictaminó ayer su decisión de "rechazar los planteos de nulidad de la defensa y destituir al doctor Alejandro Pedro Martín del cargo de juez de primera instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 17ª nominación". Y notificó su resolución a la jueza de instrucción nº 12, Mónica Lamperti, para que disponga del desaforado.

La destitución está firmada por todos los miembros del Tribunal, compuesto por la presidenta de la Corte, María Angélica Gastaldi, los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Francisco Netri, Daniel Erbetta, los abogados Elías Salud (Reconquista) y Mario Crespo (Rafaela), y los senadores Armando Traferri (PJ) y Santiago Mascheroni (UCR). Se basa en la ley 7050, que establece las condiciones del enjuiciamiento de magistrados, y que para el caso de Martín le endilgaron "ignorancia manifiesta del derecho, incumplimiento de las obligaciones y comisión de delitos".

La caída de Martín comenzó en noviembre del año pasado, cuando el Banco Municipal denunció manejos irregulares con los fondos de cuentas embargadas, que consistían en oficios librados por el juzgado nº 17 para ordenar pagos a terceros beneficiarios de aparentes juicios ejecutivos. La investigación encarada por el fiscal Carlos Covani y la jueza Lamperti develó una serie repetida de maniobras fraudulentas entre 2010 y 2012, e involucró al martillero Oscar Kovalevski, único detenido hasta ahora, como cerebro de la presunta asociación ilícita, e imputado de los delitos de falsificación de instrumento público, defraudación, estafas reiteradas. La misma acusación le valió al secretario del juzgado, Ricardo Lavaca, y a los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter. Estos dos últimos admitieron el juego y devolvieron alrededor del 60 por ciento de los fondos sustraídos, por un total de $1.028.000. Además, explicaron cómo se perpetraba la maniobra, en un juicio abreviado que culminó con su condena a tres años de prisión en suspenso y a siete y cinco años, respectivamente, de inhabilitación para ejercer la profesión. Hubo un bancario bajo sospecha que luego fue desvinculado de la causa.

La pieza que faltaba en el cuadro de imputados era Martín, quien hasta ayer estaba a salvo de esa posibilidad por su condición de juez. La pesquisa comprobó que hubo no menos de 57 movimientos de dinero remanente en cuentas que la Justicia inmoviliza en casos de embargos, quiebras, sucesiones o deudas fiscales. Las órdenes de cobro partían desde el juzgado 17, con las firmas de Martín y Lavaca, y quienes pasaban por la ventanilla de la sucursal Tribunales a hacerlas efectivas eran Kovalevski, Heter y García Montaño. Esos oficios no tenían fundamento legal, y su repitencia despertó sospechas en la entidad de crédito.

Ayer el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, recordó en diálogo con Rosario/12 que el Banco Municipal le advirtió en junio de 2012 al juzgado de Martín sobre esas operaciones. Y el magistrado, no obstante, convalidó los oficios y luego libró tres más. "Una cosa es equivocarse en 3 o 4 oficios, pero en este caso, siguieron adelante. Parecían estar cebados", señaló el procurador que pidió el juicio político contra el juez. Un síntoma que abonó esa sensación fueron media docena de órdenes de pago a favor del martillero y de los abogados entre la Navidad de 2010 y el Año Nuevo de 2011, por cifras apenas inferiores a los 30.000 pesos, cifra límite a partir de la cual hay que rendirle cuentas a la Unidad de Información Fiscal.