Desde Santa Fe

El gobierno de Antonio Bonfatti entregó al Ministerio Público Fiscal de la Nación un archivo del terrorismo de estado. Se trata de unos 120 legajos NN de desaparecidos y víctimas del genocidio en nueve provincias del país que contienen huellas dactilares y datos clave para identificarlos y aportar pruebas en los juicios de lesa humanidad, como ya ocurrió en Rosario y Santa Fe. "Es una contribución muy importante a la memoria, verdad y justicia", dijo ayer a Rosario/12 el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Coutaz, quien entregó los documentos a la abogada Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que está a cargo del fiscal general Jorge Auat.

Los legajos NN fueron encontrados el año pasado en el Archivo de la Policía de Santa Fe y ﷓por un acuerdo entre el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto y su colega de Justicia, Juan Lewis﷓ transferidos a la Secretaría de Derechos Humanos, donde un equipo de investigadores que integran Alejandra Romero Niklison y Santiago Pesce realizó un trabajo de análisis y clasificación por provincias. La mayoría de los legajos contienen fichas con identificación dactiloscópica de personas desaparecidas y asesinadas, entre 1974 y 1983, dijo Coutaz.

Una parte de ese archivo está hoy en manos de la fiscal federal de Rosario, Mabel Colalongo, en una causa que investiga unas 120 tumbas de NN en el cementerio La Piedad, donde ya se han identificado los restos de varios militantes políticos secuestrados y asesinados por la dictadura. Otra parte permitió identificar a desaparecidos en Santa Fe, el último: Héctor Marcelo Acoroni ("Pica"), un militante de la Juventud Peronista de Rosario, que cayó el 4 de enero de 1977, apenas cumplido los 21 años y recién recuperó su nombre 35 años después.

Y una tercera parte, son los 120 legajos NN de desaparecidos en otras nueve provincias: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Catamarca, Salta, Neuquén y Río Negro, que se entregaron esta semana al Ministerio Público Fiscal de las Nación, en Buenos Aires. Coutaz los dejó en manos de la doctora Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en un encuentro en el que participaron Romero Niklison y Pesce.

"Durante el terrorismo de estado, las policías de otras provincias solicitaron a la Policía de Santa Fe, a través de la Oficina de Convenio policial, que todavía existe, que realizara identificaciones de NN; esos legajos quedaron en el archivo y son los que ahora se entregaron al Ministerio Público", explicó Coutaz. "Lo importante es que casi todos contienen huellas dactilares -y su clasificación con letras y números﷓ y en algunos casos datos clave sobre el lugar del hecho o alguna descripción más. Por lo tanto, es una información vital para identificar a desaparecidos en otras provincias con el cruce directo de las huellas y aportar pruebas en los juicios de lesa humanidad, como ya ocurrió en Rosario y Santa Fe", agregó.

El equipo de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos que coordina la abogada Romero Niklison ya ha realizado el relevamiento y análisis de distintos fondos documentales, entre ellos los legajos de la Conadep, el Archivo Fotográfico Policial de Rosario y el Gabinete de Identificaciones de la Policía provincial, el Archivo Provincial de la Memoria, y los archivos de los Tribunales Provinciales y Federales. Más, los libros policiales y de cementerios en distintas localidades de la provincia en busca de datos sobre enterramientos como NN de víctimas del terrorismo de Estado. Una de las tareas ha sido digitalizar los negativos del Gabinete de Identificaciones, de donde se obtienen distintos tipos de pruebas que se aportan a la justicia federal, tanto en la etapa de instrucción como en el juicio oral a los represores.

"Como Estado provincial asumimos la responsabilidad indelegable en la reconstrucción histórica, la búsqueda de justicia y la elaboración de propuestas participativas en torno a la reflexión sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro", valoró el secretario de Derechos Humanos.