El gobernador Antonio Bonfatti pondrá en vigencia hoy, a las 11, la nueva Justicia penal, difundirá el decreto que establece como fecha de inicio el 10 de febrero de 2014, y designará a los fiscales y defensores que actuarán en el sistema. La ceremonia será en el Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe (San Martín 1540), con la presencia de actores de todos los Poderes del Estado, además de los nuevos funcionarios designados.

Tras dar a conocer el decreto de puesta en vigencia de la nueva Justicia Penal, decisión que el gobernador ya había anunciado en septiembre pasado luego de una reunión con la Corte Suprema y el fiscal general de la provincia, Bonfatti designará a los 79 nuevos funcionarios del sistema. Se trata de fiscales y defensores que rindieron un concurso público previo y que ya cuentan con acuerdo de la Legislatura pues sus pliegos fueron aprobados en diferentes asambleas legislativas, ya sea por acuerdo de sus pliegos o por la modalidad de aprobación ficta, cuando la Asamblea no llegó a constituirse..

Para poner en marcha este modelo diferente de enjuiciamiento penal fue necesario crear dos instituciones desde cero: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), órganos autónomos y autárquicos, independientes entre sí y del resto de los órganos judiciales, aunque integran en sentido amplio dicho poder. Los fiscales que se designan hoy se desempeñarán en el MPA y los defensores en el SPPDP. Se trata de la primera camada de funcionarios que trabajarán bajo los lineamientos del modelo acusatorio, oral y público (el régimen anterior se denominaba inquisitivo y era secreto y escrito).

Los fiscales van a dirigir la investigación, formular acusación, actuar en juicio y formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, en tanto los defensores vienen a garantizar el acceso real al derecho de defensa. Debe tenerse en cuenta que la defensa pública es subsidiaria, es decir si el imputado no quiere o no puede pagar un abogado defensor la provincia se lo provee. La regla sigue siendo que el imputado de cometer un delito elige a su defensor.

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado a finales de 2007 y empezó a regir en parte (parcialmente) el 14 de febrero de 2009. Esto quiere decir que su implementación fue progresiva y por materia, de acuerdo a una ley que había sancionado la Legislatura en 2008. En concreto, entraron en vigencia institutos previstos en el nuevo Código que eran factibles de funcionar con las actuales estructuras, como las cuestiones vinculadas al principio de oportunidad, la querella y la asistencia a la víctima. A partir del 10 de febrero de 2014, la implementación será total, definitiva y en toda la provincia.