El gobernador Antonio Bonfatti prometió ayer que "a partir del 10 de febrero la administración de Justicia Penal en Santa Fe no volverá a ser igual. Las decisiones judiciales se tomarán de cara al ciudadano, no en la soledad de la oficina de un juez u ocultas entre las páginas de un expediente, sino en una audiencia oral y pública". El mandatario difundió el decreto de puesta en marcha del nuevo sistema, al tiempo que puso en funciones a los 79 nuevos funcionarios del sistema. Son fiscales y defensores que rindieron un concurso público previo y que ya cuentan con acuerdo de la Legislatura.

Ante más de mil personas reunidas en el auditorio del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, Bonfatti subrayó: "Los santafesinos tendremos la posibilidad de ver cómo trabaja uno de los poderes esenciales del Estado. Esta es una manera de acercar la Justicia a la gente. La presencia de público significará un contralor informal a la actividad de funcionarios judiciales que hasta ahora no existía para ese sector del Estado".

Con un auditorio pletórico de autoridades ejecutivas, legisladores y funcionarios judiciales, el gobernador aseguró que "con la implementación de las audiencias orales estaremos desterrando el expediente al cajón de los recuerdos. Ese exponente del sistema escrito, en el que se condensa todo el proceso, no será más el elemento central del juicio ni mucho menos se esconderán decisiones trascendentes para la vida de la gente en una carpeta inaccesible para la mayoría de los ciudadanos".

Para el gobernador, "otro cambio trascendente nuevo código es la participación de la víctima. Ya lo nombrábamos cuando hablábamos de los Centros de Asistencia Judicial y la posibilidad del querellante. Durante años el principal ofendido por el delito estuvo silenciado en Tribunales; el nuevo sistema pone en el centro de la escena a la víctima, que puede ser escuchada, argumentar sobre su opinión del hecho y ofrecer pruebas".

El mandatario también remarcó que "el nuevo Código Procesal Penal por sí mismo no es suficiente, la letra es necesaria, es la ley, pero no es suficiente. Se requiere de todos y un esfuerzo cultural y educativo para transformar prácticas e ideologías, se necesita una nueva mirada del delito y del proceso, despojados de los vicios y prejuicios que caracterizaron las prácticas del sistema procesal durante años. Por lo tanto, el nuevo sistema debe ser manejado por funcionarios comprometidos con su comunidad, con operarios inteligentes y reflexivos para hacerlo rendir sus frutos".

Más tarde, en declaraciones a la prensa, el ministro Lewis expresó que "el principal desafío será que la ciudadanía comprenda la manera en que se administra justicia, se acerque a los tribunales a hacer valer sus derechos, sean víctimas o imputados, y que el sistema refuerce su legitimidad con resoluciones".

El ministro ratificó que "el nuevo sistema arranca en conjunto en toda la provincia y para todos los delitos. Ni bien se sancionó el código hubo una idea de implementarlo sólo por algunos delitos o por circunscripciones, incorporando una circunscripción cada dos años, lo que totalizaría 10 años de implementación. Nuestra decisión fue que arrancara con más gente, nuevos funcionarios, más instituciones y a pleno".

Lewis también destacó que la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal "implica adecuar a Santa Fe con las exigencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los principios de la Constitución Nacional, como ya lo han marcado algunos fallos de la Corte Suprema de la Nación y algunos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Asimismo, valoró que esta reforma "es el fruto de acuerdos y consensos entre los distintos poderes del Estado; consensos que han sido difíciles de conseguir, con marchas y contramarchas, pero que finalmente se tradujeron en la unanimidad necesaria en las instituciones encargadas de montar este nuevo sistema".

Sobre los 79 funcionarios que designó, Bonfatti indicó: "Para ocupar cada uno de estos cargos hubo 583 postulantes, quienes rindieron un concurso público de oposición y antecedentes, transparente, donde participaron colegios de abogados y de magistrados, universidades, y el Poder Legislativo para la designación definitiva".

En ese sentido, el ministro Lewis explicó que se montaron "dos instituciones enteramente nuevas como el Ministerio Público de la Acusación y y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, generamos los procedimientos necesarios para tener más y nuevos funcionarios, que incluyen exámenes tomados por jurados externos, y que además deben pasar la aprobación parlamentaria. Todo esto le da una enorme legitimidad al nuevo sistema".