Desde Santa Fe

La diputada Alicia Gutiérrez (ARI) se hizo eco de la propuesta para cambiar el nombre del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu a una escuela rural del norte santafesino. Una iniciativa que también se podría extender a otra escuela de Rosario que rinde homenaje a otro personero del terror como el ex jefe del Segundo Jefe del Ejército durante los primeros años `70, teniente general Juan Carlos Sánchez, y a la que el gremio docente Amsafé pretende cambiarle el nombre desde hace tiempo. La legisladora arista presentó un proyecto legislativo para que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto y elija otra denominación para la escuela Aramburu del paraje La Guampita, en las cercanías de Margarita, (departamento Vera), que reivindica a uno de los responsables del golpe militar de 1955, que "irrumpió la vida democrática del país, legitimando ese orden autoritario e ilegal, cuyas consecuencias son bien conocidas", afirmó.

A principios de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que prohíbe identificar con el nombre de represores de la última dictadura a calles y edificios públicos, pero la norma es tan simbólica que excluyó a otros personajes como el ex dictador Aramburu o el general Sánchez, que ya tienen su homenaje en escuela del norte -el primero- y de Rosario -el segundo. La norma fue votada por unanimidad y pasó al Senado.

Ahora, la diputada Gutiérrez dio curso a una propuesta para que rebautizar a la escuela del norte que se llama Aramburu en homenaje "a uno de los tantos militares argentinos partícipe de golpes de estado y asesinatos de argentinos en la década del '50".

"Aramburu fue uno de los hombres fuertes de la mal llamada Revolución Libertadora que derrocó al gobierno democrático del general Juan Domingo Perón en el año 55, ocupó la Presidencia de facto en lugar de Eduardo Lonardi y llevó como su vice a otro personaje oscuro de la historia nacional como el contralmirante Isaac Rojas", recordó la legisladora.

"El ex dictador declaró ilegal el Partido Justicialista, cuyas pertenencias habían sido incautadas pocos días después que el general Aramburu se hiciera cargo del gobierno. Y llegó al extremo de prohibir toda publicación con el nombre de Perón, o cualquier símbolo, palabra o imagen que tuviera relación con su movimiento. Los individuos que habían ocupado cargos electivos o por nombramiento en el gobierno peronista después de 1946, o que habían sido dirigentes de dicho partido, fueron declarados ineptos para aspirar a cargos electivos, ocupar puestos en el gobierno o actuar en cargos partidarios hasta una fecha que fijaría el próximo gobierno constitucional. La purga incluyó al ámbito sindical, donde la CGT fue intervenida por el capitán de navío Alberto Patrón. Y a partir de mayo de 1956 se ordenó la suspensión del estatuto sindical vigente", agregó.

Gutiérrez dijo que Aramburu "desempolvó una vieja ley marcial para fusilar a un grupo de 27 argentinos que intentó sublevarse ante la dictadura: dieciocho militares (entre ellos el general Juan José Valle) y nueve civiles. Y después desató una fuerte tarea represiva en todo el país en la que se detuvo a cientos de militantes gremiales con el objetivo de desalentar cualquier movimiento obrero en masa".

"Este oscuro personaje de la historia Argentina no merece homenajes. A nadie se le ocurriría ponerle el nombre de Videla, Massera o Camps a una escuela pública, pero no solo hay que recordar los hechos recientes que enlutan nuestra memoria, sino también aquellos que iniciaron una recorrida de divisiones, rencores y odios".

"Ningún establecimiento educativo provincial debería llevar el nombre de artífices o cómplices de las distintas dictaduras que se sucedieron en el país, ya sea civiles o militares", concluyó Gutiérrez.

La iniciativa para cambiar el nombre de la escuela Aramburu fue planteada por el periodista Marcelo Manzatto, director de FM Activa de la ciudad de Vera, en distintas cartas que remitió a la ministra de Educación, Adriana Cantero; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino y al senador Hugo Pucheta (PJ-Vera), entre otros. Una de esas notas llegó a manos de la diputada Gutiérrez, que la transformó en una minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo.

"Los dictadores no merece homenajes", dijo el colega al señalar la incongruencia de sancionar una ley que impide poner el nombre de otro dictador como Videla o de represores de la última dictadura a "edificios y espacios públicos" y omitir el caso de la escuela Aramburu. "No solo hay que recordar los hechos recientes que enlutan nuestra memoria, sino también aquellos que iniciaron una recorrida de divisiones, rencores y odios. Por lo tanto, habría que corregir este grave error histórico", concluyó Manzatto.